VISEC: crece el malestar en las entidades del agro por las normativas de la Unión Europea
El sector agropecuario argentino está viviendo un creciente malestar frente al VISEC, las nuevas regulaciones que impondrá la Unión Europea (UE) a partir de 2025. La exigencia de que solo se importen soja y carne provenientes de campos “libres de deforestación” desde 2020 ha generado una fuerte resistencia entre los productores locales, que consideran que estas normativas externas violan la soberanía y las leyes locales. Este malestar se expresó de manera clara durante los discursos de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ambos acompañados por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel.
El conflicto con la normativa europea
El reglamento que ha provocado este conflicto establece que, a partir del 1 de enero de 2025, la UE solo importará productos agropecuarios que provengan de campos que no hayan experimentado deforestación desde 2020. Para cumplir con esta normativa, la agroindustria argentina, con el respaldo de las entidades de la Mesa de Enlace, desarrolló la plataforma Visión Sectorial del Gran Chaco (VISEC), una herramienta destinada a certificar que los campos argentinos cumplen con estas exigencias.
Sin embargo, con el tiempo, ha crecido el descontento entre los productores, quienes consideran que no deberían estar obligados a cumplir normativas impuestas desde el exterior. Además, señalan que estas exigencias están alineadas con la Agenda 2030, un programa internacional que prioriza la sostenibilidad ambiental, pero que, según ellos, deja de lado la viabilidad económica de las producciones.
Posiciones del agro argentino contra el VISEC
Nicolás Pino expresó su preocupación por lo que percibe como un control excesivo por parte de la UE. “Desde el sector productivo podemos demostrar que somos capturadores de carbono, con certificaciones reales”, afirmó, destacando que las exigencias europeas son exageradas y cuestionando la falta de reciprocidad. Según Pino, si la UE insiste en imponer estas normas, deberían compensar económicamente a los productores argentinos por cumplir con estas nuevas exigencias.
Carlos Castagnani, por su parte, fue aún más directo en su crítica. Acusó a la UE de querer imponer directrices que ellos mismos no cumplen, señalando que estos países han sido responsables de degradación ambiental y desastres ecológicos en el pasado. “La Agenda 2030 es un paquete de imposiciones que, bajo la máscara de la sostenibilidad, busca controlar nuestra producción y poner en riesgo nuestra libertad para decidir cómo y cuándo producir”, afirmó.
Revisión de la participación en VISEC
El malestar ha llegado a tal punto que la continuidad de la participación de las entidades rurales en la plataforma VISEC está en duda. Pino subrayó que participar en esta iniciativa no significa avalar o aprobar una nueva imposición de la UE que, según él, se presenta como una barrera paraarancelaria que desconoce las leyes locales y la soberanía argentina. Esta postura ha sido ratificada por la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur y la Organización Mundial de Agricultores.
Por su parte, Castagnani dejó abierta la posibilidad de que CRA se retire de VISEC. “Estamos haciendo una revisión minuciosa para tomar una postura definitiva como entidad”, manifestó, indicando que el sector está reconsiderando su participación en este proyecto.
En medio de este clima de tensión, el fin de semana se celebró el 80° aniversario de la Expo Rural de Salta, un evento al que asistió la vicepresidenta Villarruel. Durante su discurso, Pino destacó la importancia de la presencia de la vicepresidenta y se refirió al esfuerzo que está realizando el país para sanear la economía. También mantuvieron reuniones con dirigentes de Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán, donde intercambiaron visiones sobre las producciones regionales.
Castagnani, por su parte, aprovechó la ocasión para criticar las retenciones a las exportaciones. Si bien reconoció las intenciones del gobierno de eliminarlas gradualmente, exigió un cronograma claro para su reducción, subrayando que las condiciones actuales de precios internacionales, costos productivos y presión tributaria son insostenibles. Además, pidió una revisión de la Ley Ovina o la implementación de otras medidas para apoyar la recuperación de esta producción.
El agro argentino está enfrentando un momento de fuerte tensión con la Unión Europea debido a las nuevas regulaciones ambientales que comenzarán a regir en 2025. Los líderes del sector, respaldados por la vicepresidenta de la Nación, han dejado claro su descontento y están evaluando sus próximos pasos en defensa de la soberanía y las leyes locales.
