Vicentin advierte que no podrá pagar salarios y peligran 3.000 empleos


La crisis financiera de la empresa agroexportadora Vicentin se agravó tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que rechazó la homologación de su concurso de acreedores. Como consecuencia, la compañía advirtió que no podrá garantizar el pago de salarios a sus 3.000 empleados, generando una fuerte preocupación en el sector industrial y sindical.

Un fallo que agrava la crisis de Vicentin

La difícil situación de Vicentin se profundizó cuando la Corte Suprema santafesina dio lugar a un recurso de inconstitucionalidad presentado por la empresa Commodities SA, una de las acreedoras de la compañía. Esta decisión judicial dejó en suspenso la homologación del acuerdo de pago a los acreedores, que había sido aprobado previamente por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista en marzo del año pasado.

El argumento central para rechazar la propuesta de Vicentin fue que la empresa había planteado un esquema de pago inicial de 30.000 dólares para cada acreedor quirografario, sin distinción en función del monto total de la deuda. Este esquema fue cuestionado por Commodities SA, perteneciente al Grupo Grassi, lo que llevó a la intervención de la Corte santafesina.

Vicentin, Santa Fe

Advertencia sindical: no permitirán despidos

Ante este escenario de incertidumbre, los gremios que representan a los trabajadores aceiteros se manifestaron en defensa de los puestos de trabajo. Tanto el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento de San Lorenzo como la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de la Argentina aseguraron que no aceptarán la pérdida de empleos ni recortes salariales.

“No permitiremos la pérdida de un solo puesto de trabajo de nuestros compañeros aceiteros ni aceptaremos un peso menos de nuestro salario. No seremos simples testigos de la liquidación de la empresa Vicentin, cuyos principales responsables son sus propietarios, empresarios que la llevaron a esta situación de cuasi quiebra”, advirtieron en un comunicado conjunto.

Además, los representantes sindicales informaron que la empresa ya les comunicó que no sabe si podrá abonar los salarios correspondientes al mes de febrero, lo que aumenta la preocupación entre los trabajadores y sus familias.

Vicentin, Santa Fe

Vicentin cayó en cesación de pagos a finales de diciembre de 2019 y en febrero de 2020 solicitó el concurso preventivo de acreedores. La empresa acumuló deudas millonarias, especialmente con el Banco Nación, lo que generó una serie de litigios y conflictos en torno a su reestructuración financiera.

Durante los últimos años, diversas gestiones intentaron avanzar en soluciones para la crisis de la compañía, pero ninguna logró destrabar completamente la situación. La propuesta de pago presentada por Vicentin había sido aceptada por la mayoría de los acreedores, pero el fallo de la Corte Suprema de Santa Fe dejó en suspenso la viabilidad del plan.

¿Qué opciones quedan para la empresa?

La decisión judicial abre ahora la posibilidad de que otras empresas presenten ofertas en un proceso de salvataje, también conocido como “cram down”. En este mecanismo, terceros interesados pueden ofrecer planes alternativos para hacerse cargo de la deuda y reestructurar la compañía.

Vicentin, CIMA

Hasta el momento, los interesados estratégicos que habían trabajado en el plan original de pagos de Vicentin eran Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Con el nuevo escenario, podrían surgir otras propuestas de compra o reestructuración para evitar la quiebra definitiva.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta y la continuidad de la empresa pende de un hilo. La falta de certeza sobre el pago de salarios y la posible paralización de sus operaciones generan preocupación no solo en los trabajadores, sino también en el sector agroexportador, que depende de la infraestructura y la producción de Vicentin.

En las próximas semanas, se espera que haya nuevos avances judiciales y negociaciones entre las partes involucradas. Mientras tanto, los empleados y acreedores de la empresa aguardan definiciones que permitan destrabar una crisis que ya lleva más de cuatro años y que amenaza con dejar a miles de trabajadores en una situación crítica.