Unión Europea: el campo argentino se enfrenta a la reglamentación antideforestación
La reciente implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 del Parlamento de la Unión Europea y del Consejo, conocido como EUDR (por sus siglas en inglés), ha generado una fuerte reacción en el sector agropecuario argentino. En respuesta, el gobierno nacional y representantes del agro han mantenido reuniones para analizar el impacto de esta normativa y delinear una estrategia conjunta que minimice sus efectos negativos en la producción y exportación de productos clave para el país.
Un marco normativo que preocupa al agro argentino
El EUDR, vigente desde el 31 de mayo de 2023, establece restricciones para la comercialización en la Unión Europea de productos provenientes de áreas afectadas por deforestación o degradación forestal. Si bien su objetivo es promover la sostenibilidad ambiental y reducir la huella ecológica de los países importadores, las entidades agropecuarias argentinas consideran que la medida afecta la soberanía del país y desconoce las políticas locales de protección forestal.
Ante esta situación de la Unión Europea, diversas instituciones del agro presentaron un documento a las autoridades nacionales en el que expresaron su rechazo a la normativa europea y argumentaron su incompatibilidad con las leyes y regulaciones argentinas. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina, afectando nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”, señala el documento presentado.
Reuniones y estrategias para afrontar el nuevo escenario
El encuentro, que tuvo lugar en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la Unión Europea, contó con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. Durante la reunión, se abordaron diferentes estrategias para responder a la regulación europea.
Entre los pedidos del sector agropecuario, se destacó la solicitud de que la normativa no entre en vigencia para Argentina, considerando que el país ya cuenta con un marco normativo que protege sus bosques y regula la producción agrícola de manera sostenible para la Unión Europea. En caso de que esta solicitud no prospere, las entidades propusieron modificaciones al EUDR que permitan mitigar su impacto en las exportaciones nacionales.
Uno de los aspectos que generan mayor preocupación es la posible ampliación de la normativa a otros ecosistemas y productos, lo que podría afectar aún más a la agroindustria argentina. Por este motivo, los representantes del sector también pidieron que no se incluyan nuevas restricciones que perjudiquen la comercialización de bienes agropecuarios.
Impacto en la competitividad y medidas de mitigación
Paralelamente, muchas de las entidades agropecuarias han comenzado a trabajar en esquemas de trazabilidad y certificaciones que les permitan cumplir con las exigencias del reglamento sin perder acceso al mercado de la Unión Europea. Sin embargo, destacaron que esto no debe interpretarse como una aceptación del EUDR, sino como una estrategia preventiva para evitar la pérdida de competitividad frente a otros países exportadores que ya han comenzado a adaptarse a la regulación.
Por otro lado, el sector agropecuario encontró apoyo en el gobierno nacional, que manifestó su intención de relanzar negociaciones bilaterales y multilaterales con la Unión Europea para buscar una solución consensuada. Además, se acordó la creación de una mesa de trabajo permanente que permita dar seguimiento a las gestiones y coordinar acciones en defensa de los intereses del agro argentino.
Una postura unificada del sector agropecuario
El reclamo contra el EUDR cuenta con el respaldo de un amplio espectro de entidades agropecuarias, incluyendo a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras organizaciones representativas del sector.
La reglamentación antideforestación de la Unión Europea ha encendido las alarmas en el agro argentino, que considera que la medida es una intromisión en la soberanía nacional y una barrera comercial encubierta. Aunque las entidades agropecuarias han comenzado a trabajar en estrategias de cumplimiento, también han exigido la revisión del EUDR para evitar que afecte negativamente la competitividad del país en los mercados internacionales.
Con el respaldo del gobierno, el sector agropecuario busca impulsar negociaciones que permitan adaptar la regulación a la realidad productiva de Argentina. En este contexto, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico, garantizando que las medidas internacionales no perjudiquen injustamente a los productores nacionales.
