Transportistas criticaron al Gobierno: “Es una trompada a la seguridad vial”
Una reciente medida que afecta al sector del transporte de cargas ha generado una fuerte controversia entre los transportistas. La administración del presidente Javier Milei ha puesto énfasis en la simplificación de trámites y la reducción de la burocracia como parte de su política de desregulación.
El Decreto 832/24, promulgado por el Gobierno, introduce cambios en el Registro Único de Transporte Automotor (RUTA) y las licencias de conducir. Hasta ahora, este registro era obligatorio para vehículos que transportaran más de 700 kilogramos. Con la nueva normativa, solo deberán cumplir este requisito los vehículos que superen los 3.500 kilos, eximiendo a las pick-ups y utilitarios pequeños del trámite. Además, la medida elimina la necesidad de contar con una licencia especial para manejar dichos vehículos de una provincia a otra.
Reacciones de los transportistas
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, defendió esta medida argumentando que busca reducir los costos operativos del sector. Sin embargo, la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) expresó su descontento con la normativa, señalando que podría tener graves consecuencias para la seguridad vial.
Roberto Rivero, Director Ejecutivo de Fadeeac, fue tajante en su rechazo a la medida. Según él, la eliminación del registro y de la licencia especial no reduce los costos, sino que incrementa los riesgos en las rutas. “Es una irresponsabilidad pensar que eliminar la capacitación y el examen psicofísico hará más competitivo al sector. Lo único que logra es generar más inseguridad en rutas que ya están destruidas”, sostuvo Rivero.
Para los transportistas, la seguridad vial debe ser una prioridad, y ven la desregulación como un retroceso. Según Rivero, la falta de controles podría fomentar la informalidad en el sector, permitiendo que transportistas irresponsables eludan requisitos esenciales, como la capacitación de los choferes y los exámenes psicofísicos.
Defensas desde el Gobierno
En respuesta a las críticas, Sturzenegger utilizó sus redes sociales para defender la medida, compartiendo datos sobre los beneficios económicos de esta desregulación. Según el ministro, en 2023 los transportistas realizaron 150.000 trámites en 202 ubicaciones, con un costo total de 500 millones de pesos y demoras de hasta 70 días, durante los cuales los vehículos quedaban inutilizados.
Para Sturzenegger, la eliminación de estos trámites representa un ahorro significativo en tiempo y dinero, algo que es clave para mejorar la competitividad del sector. Sin embargo, estas justificaciones no convencen a Fadeeac, que considera que la medida afecta negativamente a la seguridad en las rutas del país.
La importancia de la licencia y la capacitación
Fadeeac explicó que la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI) incluye dos componentes fundamentales: la capacitación teórico-práctica y el examen psicofísico. Estos requisitos, asegura la entidad, son esenciales para garantizar que los conductores estén debidamente preparados para operar en condiciones seguras.
La capacitación está a cargo de las cámaras empresariales del transporte, que forman parte de diferentes federaciones, entre ellas Fadeeac. Esta entidad, a través de la Fundación Profesional para el Transporte (FPT), ofrece cursos en 89 unidades evaluadoras distribuidas por todo el país y en su sede de Escobar, Buenos Aires. El sistema cuenta con aulas-taller y simuladores de última tecnología, lo que ha permitido formar a más de cuatro millones de conductores desde 1992.
Para Rivero, eliminar estos requisitos pone en riesgo la seguridad vial, ya que la capacitación y el examen psicofísico han sido claves para enfrentar los desafíos de un sector en constante cambio. Además, enfatizó que los costos de la capacitación representan solo el 0,3% del salario anual de un chofer, un gasto insignificante en comparación con otros costos que enfrenta el sector.
Críticas adicionales
Fadeeac no solo criticó la eliminación de la capacitación, sino que también señaló otras problemáticas que afectan los costos del transporte, como la duplicidad de certificaciones cuando un transportista decide realizar modificaciones en sus vehículos, como cambiar o instalar un tanque de combustible. Además, destacó los altos costos de las multas, que pueden alcanzar los $600.000, y los incrementos de los peajes, que este año acumularon un aumento del 300%.
En su comunicado final, Fadeeac hizo un llamado al Gobierno para que enfoque sus esfuerzos en resolver los problemas que verdaderamente impactan en los costos del sector, en lugar de promover medidas que, según ellos, comprometen la seguridad vial.
La simplificación administrativa promovida por el Gobierno ha generado un debate intenso en el sector del transporte de cargas, con posiciones enfrentadas sobre los beneficios y riesgos que estas medidas conllevan. Mientras el Gobierno defiende la reducción de costos y trámites, los transportistas priorizan la seguridad vial y la capacitación de los conductores como elementos esenciales para el buen funcionamiento de la actividad.
