Subasta del INTA: denuncia irregularidades en el edificio de Cerviño 3101
Un nuevo conflicto para el INTA. El fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, alertó sobre graves irregularidades en el proceso de subasta del edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño 3101/67, en el barrio de Palermo, Buenos Aires.
A través de un dictamen de 14 páginas dirigido a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y al INTA, Rodríguez señaló inconsistencias en la tramitación administrativa y cuestionó la premura del procedimiento, que calificó como un “escenario fértil para posibles hechos de corrupción administrativa”.
El proceso de subasta del INTA y las denuncias recibidas
La AABE tiene previsto subastar este lunes el inmueble, con una base de USD 6.378.968 y un depósito de garantía de USD 100.000. Según trascendió, 18 desarrolladoras, entre ellas Consultatio, IRSA y ABV, expresaron interés en la propiedad, cuya edificabilidad alcanza los 10.126 m².
El fiscal Rodríguez destacó que su dictamen se basó en cinco denuncias, cuatro de ellas anónimas y una presentada por un trabajador rural. En su informe, advirtió sobre un “inexplicable apuro” en la venta del edificio, que consideró carece de sustento legal adecuado. Según el fiscal, la desafectación del inmueble debería haber sido iniciada por el Consejo Directivo del INTA, y no por la Secretaría de Agricultura, como sucedió.
Incongruencias administrativas y objeciones técnicas
El dictamen detalla inconsistencias cronológicas en la tramitación. Por ejemplo, el expediente fue iniciado antes de que la Secretaría de Agricultura formalizara la decisión de avanzar con la desafectación. Asimismo, se cuestionó la ausencia de informes que justificaran la venta del inmueble por razones de “innecesariedad”.
Otro punto polémico es la inclusión de una cláusula en los pliegos de condiciones que obliga al comprador a construir al menos el 75% de la superficie cubierta del terreno. Según Rodríguez, esta exigencia restringe la competencia y podría violar principios fundamentales de las contrataciones públicas.
Además, el fiscal subrayó la falta de planes claros para la reubicación de los 117 empleados que trabajan en el edificio, lo que, en su opinión, evidencia una gestión improvisada del proceso.
La Mesa Agroalimentaria Argentina denunció la situación ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas y calificó el proceso como un intento de “vaciamiento y desguace” del INTA. En un comunicado, señalaron que la venta carece de fundamentos legales y podría tener fines ajenos a los intereses del Estado.
Integrantes del Consejo Directivo del INTA también expresaron su disconformidad. El ingeniero agrónomo Alejandro Conci afirmó que el Consejo no fue informado ni consultado sobre la venta, mientras que el abogado Pablo Paillole criticó la falta de un plan definido para el uso de los fondos obtenidos por la venta o para la reubicación de las actividades del INTA.
Implicaciones legales y administrativas
El fiscal Rodríguez instó a las autoridades a reconsiderar la subasta, argumentando que las irregularidades detectadas podrían invalidar todo el procedimiento. Además, advirtió que avanzar con la venta sin haber identificado un nuevo inmueble para el funcionamiento del INTA sería una violación de los propios términos establecidos para la desafectación del edificio.
El dictamen también plantea dudas sobre la intervención del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones de urbanismo, ya que las condiciones de construcción impuestas en los pliegos podrían invadir competencias locales.
Con la subasta programada para las próximas horas, la controversia sigue creciendo. Ni la AABE ni el INTA han respondido a las consultas sobre el dictamen del fiscal. La venta del emblemático edificio del INTA, que representa un importante activo público, se encuentra ahora en el centro de un debate que podría escalar a instancias judiciales.
La situación plantea preguntas cruciales sobre la gestión de los bienes del Estado, la transparencia en los procesos administrativos y el respeto por las normativas vigentes. Mientras tanto, el futuro del edificio de Cerviño 3101 sigue siendo incierto.
