Servicios públicos: el Gobierno prohibió las tasas municipales en las boletas
El Gobierno nacional oficializó una nueva medida que prohíbe a provincias y municipios incluir tasas y recargos en las boletas de servicios públicos, con el objetivo de combatir los reajustes impositivos a nivel municipal que fueron motivo de controversia reciente.
Nueva regulación de servicios públicos
La resolución 267/2024, publicada en el Boletín Oficial, establece que las boletas emitidas por proveedores de bienes y servicios deben reflejar únicamente los costos relacionados con el bien o servicio específico contratado por el consumidor. La normativa aclara que no se podrán incluir sumas o conceptos ajenos a estos servicios. La medida comenzará a regir dentro de 30 días, período otorgado para que los proveedores y entidades locales se adecuen a la nueva regulación.
Luis Caputo, Ministro de Economía, destacó que la medida busca “transparentar” los costos para los consumidores, evitando que se incluyan recargos impositivos municipales en las facturas de servicios. Esta regulación, sin embargo, no prohíbe el cobro de dichos recargos, sino que se limita a exigir que estos no aparezcan en las boletas de servicios públicos.
Contexto de la medida contras las tasas municipales
La decisión del Gobierno responde a una serie de ajustes impositivos municipales que causaron preocupación en distintos sectores. La reciente subida en la Tasa de Seguridad e Higiene en Lanús, por ejemplo, generó polémica y descontento entre supermercadistas y el Ejecutivo nacional. El intendente Julián Álvarez anunció un incremento de esta tasa del 2,36% al 6% para grandes cadenas, con el argumento de ofrecer exenciones a almacenes barriales.
Caputo y otros funcionarios del Gobierno expresaron que los reajustes impositivos municipales afectan negativamente el poder adquisitivo de los ciudadanos y pueden obstaculizar el programa económico destinado a controlar la inflación. Según el Ministro, las tasas deben tener una relación directa con el servicio prestado y su monto debe ser proporcional al costo del servicio. Sin embargo, el aumento descontrolado de tasas llevó a un incremento en los precios que los consumidores deben pagar.
Reacción del Gobierno
El Ministerio de Economía estuvo monitoreando de cerca los aumentos de tasas municipales, especialmente en un contexto de menor coparticipación y transferencias discrecionales. La resolución 267/2024 es parte de una estrategia más amplia para abordar estos problemas y proteger a los consumidores de costos adicionales injustificados.
La medida también refleja una crítica más amplia hacia las prácticas impositivas municipales, que fueron percibidas como una carga adicional para los ciudadanos y las empresas. La regulación busca, en parte, restaurar la confianza en el sistema de facturación y asegurar que los costos reflejados en las boletas sean claros y justificados.
Con esta nueva normativa, el Gobierno nacional espera mejorar la transparencia en la facturación de servicios públicos y reducir el impacto de los ajustes impositivos municipales en el costo de vida de los argentinos.
