Retenciones vs. Ingresos Brutos: el debate por la Recaudación Fiscal de las Provincias
La reciente decisión del presidente Javier Milei de reducir en un 20% las retenciones y derechos de exportación ha reavivado un intenso debate entre el Gobierno nacional y las provincias sobre la recaudación impositiva y su impacto en los productores agropecuarios. Este ajuste, aunque significativo, representa solo el 1% del Producto Bruto Interno (PBI) del país, lo que lleva a una reflexión necesaria sobre otros impuestos provinciales que, en su conjunto, podrían alcanzar hasta el 4% del PBI.
Los derechos de exportación se han convertido en el centro de la contienda fiscal, planteando interrogantes sobre cómo mejorar la situación de los productores agropecuarios sin desestabilizar el flujo de ingresos de las distintas administraciones estatales.
La nueva medida de las retenciones y su impacto
Milei, al anunciar la reducción de retenciones, hizo un llamado a las provincias para que también reconsideren sus impuestos, argumentando la necesidad de una carga fiscal más equilibrada para el sector productivo. Según un informe de LP Consulting dirigido por Leonardo Piazza, los impuestos como el Cheque y los Ingresos Brutos son mucho más gravosos para las empresas: mientras que las retenciones representan el 1% del PBI, el impuesto al Cheque genera el 1.6% y los Ingresos Brutos y Sellos, en conjunto, alcanzan el 4.4%.
Aunque la disminución de las retenciones ha llevado a un incremento en los precios de productos agrícolas —la tonelada de soja, por ejemplo, pasó de $295,000 a $325,000—, este beneficio se contrarresta con el aumento de otros impuestos, lo que plantea una situación compleja para los productores.
Diego Rubio, director de Lisicki Litvin & Asociados, recordó a Agrofy News Live que el impuesto sobre los Ingresos Brutos es fundamental para el financiamiento de las provincias. Dado que las retenciones no son coparticipables, las provincias enfrentan la dificultad de encontrar recursos alternativos, recayendo en el impuesto inmobiliario rural y otros tributos.
Esta relación entre el financiamiento estatal y la presión fiscal sobre el sector productivo genera un escenario hostil para los agricultores, quienes se ven atrapados en una telaraña impositiva que incrementa sus costos operativos.
La reducción de las retenciones, si bien alivia momentáneamente la carga sobre los agricultores, también implica que estos pagarán más en otros impuestos. Como mencionó Piazza, “los beneficiados son los productores agropecuarios que, probablemente, debido a esta baja de impuestos, tengan que tributar más en Ingresos Brutos y Ganancias”. Esta elevación en las tasas de otros impuestos genera un dilema que afecta al mismo sector que se intenta favorecer.
Rubio destacó que el efecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos puede constituir hasta el 50% de la carga impositiva de una empresa. Además, describió el impacto “cascada” que este tipo de impuesto genera en los precios finales de los productos, afectando la competitividad y la economía real.
La consultora LP Consulting sugiere una estrategia más robusta que podría desencadenar una eliminación más rápida y efectiva de impuestos distorsivos. Según su informe, sería ideal que se establezcan acuerdos con las provincias para destinar el 100% de los aumentos de recaudación del sector agropecuario a financiar la reducción de impuestos.
Esta propuesta implica que el Gobierno nacional podría avanzar más rápido en la eliminación de impuestos nacionales perjudiciales, mientras que las provincias tendrían que comprometerse a utilizar las recaudaciones generadas por la baja en los derechos de exportación para disminuir sus propios impuestos distorsivos.
El panorama actual revela la pugna constante entre el Gobierno nacional y las provincias, donde cada parte debe equilibrar sus necesidades fiscales con los requerimientos de un sector productivo que lucha por sobrevivir ante una carga impositiva que no para de crecer.
La agenda de Milei hacia la reducción de impuestos ha desatado una serie de reacciones y propuestas desde las distintas administraciones, poniendo sobre la mesa la necesidad de un consenso que beneficie tanto a los productores como a las finanzas públicas. A medida que esta discusión avanza, la solución al dilema fiscal se mantiene en el eje central de la política económica nacional, con el compromiso de encontrar un camino que garantice la sostenibilidad del modelo agroindustrial argentino.
