Referentes del campo se presentaron en la Corte Suprema para defender la reforma laboral
La Sociedad Rural se ha sumado a las voces que respaldan la propuesta de reforma laboral presentada por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, este impulso se ha visto frenado temporalmente después de que la Cámara Nacional de Trabajo respaldara la objeción de inconstitucionalidad presentada por la Confederación General de los Trabajadores (CGT).
La iniciativa, considerada por la administración de La Libertad Avanza como una “modernización” de las normativas relacionadas con la contratación y el despido de empleados, forma parte del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”.
En este contexto, la propuesta de Milei ha recibido un sólido respaldo de entidades agropecuarias, especialmente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro). Junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que también tiene representación en el sector y elabora mensualmente un indicador sobre la variación de precios de los alimentos desde el productor hasta el consumidor, estas entidades se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) como amicus curiae el martes pasado, respaldando específicamente el Título IV Trabajo del DNU 70/2023.
El objetivo principal de esta presentación es instar a la máxima instancia judicial a que permita que la reforma laboral avance, especialmente en lo que respecta a reducir los costos que enfrentan las pequeñas y medianas empresas para crear y mantener empleos.
Cabe destacar que previamente, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) ya había expresado su apoyo a diversas políticas impulsadas por este decreto.
A favor de la reforma laboral
En respuesta a la declaración de inconstitucionalidad del Título IV (artículos 53 a 97) del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y ante la revisión en curso por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), las tres entidades empresariales han expresado la necesidad de derogar todos los artículos que establecen sanciones económicas, identificados como los principales generadores de litigios laborales en la República Argentina (artículos 8, 9, 10 y 15 de la Ley 24.013; 1 y 2 de la Ley 25.323; y 80 de la Ley 20.744, conforme al texto ordenado por la Ley 25.345), según indicaron en un comunicado.
En sus argumentos, ampliaron su posición, destacando que los artículos mencionados dificultan la creación de empleo genuino, ya que obligan a las pequeñas y medianas empresas a enfrentar gastos que el propio negocio no puede generar.
Coninagro, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) sostienen que las sanciones económicas mencionadas causan una afectación económica de gran relevancia, comprometiendo de manera seria, injusta y desproporcionada a las empresas y a la sociedad en su conjunto.
En este contexto, subrayaron que las multas establecidas por las leyes 24.013, 25.323 y 25.345 fueron consideradas como el peor error de política legislativa en materia social y económica en la historia del derecho laboral en Argentina, ya que disuadieron significativamente a los empleadores de contratar.
Por último, aclararon que la opinión y colaboración expresadas por SRA, CAME y Coninagro se centran exclusivamente en el ámbito del derecho individual del trabajo, excluyendo expresamente cualquier vinculación con el Derecho Colectivo del Trabajo. Además, informaron que se adjuntaron documentos económicos que respaldan la presentación de este escrito ante la CSJN.
