Recortes en el INTA: el Gobierno prevé un ahorro de $1400 millones
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encamina hacia una profunda reestructuración con el objetivo de optimizar recursos y hacer frente a los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Javier Milei. El Consejo Directivo del organismo aprobó la propuesta de “Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos”, presentada por la Dirección Nacional, que proyecta una reducción de costos por $1400 millones, principalmente a través de la eliminación de cargos gerenciales y coordinaciones.
El presupuesto asignado al INTA para 2025 será de $223.000 millones, un monto inferior a los $251.494 millones originalmente contemplados en el proyecto de ley. Desde el organismo advierten que estos fondos solo alcanzarían para cubrir gastos hasta septiembre, lo que refuerza la necesidad de ajustes estructurales. La cuota presupuestaria estimada para llegar hasta ese mes es de aproximadamente $184.000 millones.
Una reestructuración del INTA sin despidos
Desde el INTA aseguraron que la reducción de personal se hará sin despidos. No obstante, la dotación de empleados disminuirá de 6123 a 5720 para finales de 2025, principalmente por jubilaciones y retiros voluntarios. Además, se reducirá el número de Direcciones Nacionales Asistentes (DNA) de diez a siete y se ajustará el presupuesto destinado a consultores.
El Consejo Directivo del INTA, que cuenta con representación del sector público y entidades agropecuarias como la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y Coninagro, avaló la propuesta. También forman parte del Consejo representantes de la Facultad de Agronomía, de Ciencias Veterinarias y de la Secretaría de Agricultura, entre ellos su presidente, Nicolás Bronzovich, la vicepresidenta, María Beatriz “Pilu” Giraudo, y Carlos Alberto Vera.
La reestructuración del INTA también implica una reducción del 20% en las gerencias dependientes de las DNAs, lo que conllevará una disminución de niveles salariales. Coordinaciones clave también serán modificadas: la Coordinación Nacional de Financiamiento Extrapresupuestario para Proyectos pasará de nivel 12 a nivel 8 y quedará bajo la DNA de Planificación, Monitoreo y Evaluación, sin una microestructura asociada. La Coordinación Transversal de Ética también será reducida, al igual que programas específicos como el de Apicultura, cuyas actividades serán absorbidas por la Red de Unidades Demostrativas Apícolas.
A nivel de redes y plataformas temáticas, la reducción será drástica: de las 44 existentes, quedarán solo 20. También se ajustarán las coordinaciones de área en los Centros de Investigación, con un límite de dos por unidad y la consiguiente disminución del nivel salarial de los agentes. En las Estaciones Experimentales, se eliminará la microestructura del jefe de Grupo, y se suprimirán 75 Plataformas de Innovación Territorial (PIT).
Cierre de agencias y redefinición de áreas
El plan también contempla el cierre de 41 agencias de extensión rural y la redefinición del sistema de Evaluación de Desempeño del CCT. En este contexto, la Agricultura Familiar pasará a denominarse “Producciones Regionales y de Pequeña Escala”. Durante los próximos 30 días, se evaluará la eliminación de centros y estructuras de gobernanza. Uno de los cierres confirmados es el de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye nueve Agencias de Extensión Rural y cinco oficinas de desarrollo local. Las 92 personas que trabajan en esas unidades quedarán sujetas al proceso de reestructuración, aunque se aseguró que no habrá despidos.
Las medidas han generado preocupación en el sector agropecuario, dado el rol clave del INTA en el desarrollo de tecnologías para la producción agrícola y ganadera del país. La reestructuración podría afectar la investigación aplicada y la extensión rural, dos pilares fundamentales del organismo.
Desde el Gobierno argumentan que estos cambios buscan hacer más eficiente el uso de los recursos y garantizar la continuidad del INTA en un contexto de restricciones presupuestarias. Sin embargo, distintos sectores del agro alertan sobre la necesidad de mantener la capacidad operativa del organismo para no afectar la productividad y competitividad del campo argentino.
A medida que avance el proceso de ajuste, se espera un seguimiento detallado de las consecuencias y una posible revisión de las medidas adoptadas en función de su impacto en la estructura y funcionamiento del INTA.
