Rebelión del campo en Londres: dura protesta contra el impuesto a la herencia


Miles de agricultores del campo en el Reino Unido se congregaron en Whitehall, en el corazón de Londres, para manifestarse contra la reciente decisión del gobierno de imponer un impuesto del 20% sobre activos agrícolas heredados que superen el millón de libras. La medida, presentada por la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, busca recaudar 2.000 millones de libras al año como parte del nuevo presupuesto económico, pero ha generado un profundo descontento en el sector agropecuario.

La nueva política y su impacto en los agricultores

Actualmente, los bienes heredados que superan un umbral de 325.000 libras están sujetos a un impuesto del 40%. Sin embargo, las tierras agrícolas estaban exentas si formaban parte de un patrimonio familiar. Según los cambios anunciados, a partir de abril de 2026, esta exención se limitará a propiedades agrícolas con un valor inferior a 1 millón de libras. Las propiedades que excedan ese límite estarán sujetas a un gravamen del 20%, significativamente menor que la tasa estándar, pero igualmente preocupante para los agricultores.

El esquema prevé que las parejas casadas o unidas civilmente puedan transferir hasta 3 millones de libras en bienes sin pagar impuestos, gracias a deducciones adicionales como:

  • Exención estándar de 325.000 libras.
  • Exención por residencia principal de 175.000 libras si es transferida a descendientes directos.

A pesar de estas provisiones, el Sindicato Nacional de Agricultores (NFU) y la Asociación de Tierras y Negocios Rurales (CLA) estiman que hasta 70.000 granjas podrían verse afectadas, muy por encima de las 500 propiedades anuales que el gobierno asegura serán impactadas.

Protestas masivas y el malestar del campo

Las calles de Londres se han llenado de tractores y agricultores indignados que consideran la medida una amenaza a la sostenibilidad de sus actividades. Los manifestantes denuncian que la carga fiscal podría obligar a muchas familias a vender sus tierras para pagar el impuesto, poniendo en riesgo la continuidad de negocios agrícolas que han pasado de generación en generación.

El primer ministro, Keir Starmer, intentó calmar las aguas afirmando que “la gran mayoría de las granjas no se verán afectadas” y que el gobierno está dispuesto a escuchar las preocupaciones del sector. Sin embargo, la respuesta oficial no ha sido suficiente para apaciguar las críticas de los productores.

La BBC informó que más de 10.000 personas ya se han congregado en Whitehall y que se espera la llegada de hasta 40.000 manifestantes. Este nivel de movilización refleja la importancia que tiene el agro para el Reino Unido, no solo como sector económico, sino también como parte de su tejido social y cultural.

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Un impuesto controvertido

El impuesto a la herencia ha sido históricamente un tema divisivo en el Reino Unido. Según datos oficiales, actualmente afecta a solo el 4% de los patrimonios, lo que equivale a unas 27.800 propiedades. Este impuesto genera alrededor de 7.000 millones de libras anuales para las arcas públicas.

Sin embargo, el Instituto de Estudios Fiscales proyecta que, sin cambios, el porcentaje de patrimonios sujetos al impuesto podría subir al 7% para 2032. Con la nueva medida, esa cifra podría ser aún mayor, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre los ciudadanos y agricultores.

Las perspectivas a futuro

El gobierno británico enfrenta un difícil equilibrio entre aumentar la recaudación fiscal y evitar un impacto negativo en un sector crítico para la economía y la seguridad alimentaria del país. Aunque el gobierno insiste en que la medida afectará solo a los agricultores más acaudalados, los productores temen que las exenciones no sean suficientes para proteger a las pequeñas y medianas explotaciones familiares.

La protesta en Londres es un recordatorio del papel fundamental del agro en la sociedad británica y de la importancia de diseñar políticas fiscales que no pongan en peligro la viabilidad de este sector esencial. La presión de los manifestantes y las negociaciones en curso determinarán si el gobierno ajusta su propuesta o enfrenta una escalada aún mayor en el descontento social.