Informar la producción de venta para el mercado interno y la exportación, ya no es obligatorio


Ya no será obligatorio informar informar la producción de venta y existencias para el mercado interno o exportación. El Gobierno argentino dio un nuevo paso en su objetivo de reducir la burocracia estatal al publicar en el Boletín Oficial la Resolución 226/2024, la cual elimina una serie de trámites y exigencias que las empresas debían cumplir ante la Secretaría de Comercio. Esta medida, que el Ejecutivo enmarca dentro de un proceso más amplio de desburocratización, busca aligerar las cargas administrativas para las empresas y optimizar los recursos tanto del sector privado como del público.

Los detalles para la producción de ventas para el mercado interno y externo

Una de las normativas más significativas que se ha derogado es la resolución 65 del 11 de mayo de 1990, que obligaba a las empresas a proporcionar información detallada sobre su producción, ventas y existencias, tanto para el mercado interno como para la exportación. Además, esta normativa requería que las empresas informaran sobre sus cinco principales clientes. El Gobierno argumenta que estos datos no eran útiles para el desarrollo de políticas públicas, y su recolección representaba un costo adicional e innecesario para las empresas.

En su comunicado, el Gobierno sostuvo que la eliminación de estos trámites se alinea con su política de simplificación administrativa, al considerar que las normativas eliminadas no aportaban valor alguno en términos de información estratégica para la formulación de políticas. Además, señaló que la eliminación de estas exigencias permitirá a las empresas concentrar sus recursos en actividades productivas y no en cumplir con requisitos que no generaban ningún beneficio tangible ni para el sector ni para la administración pública.

Hasta la fecha, el Gobierno ha derogado un total de 72 normas que consideraba obsoletas o innecesarias. Esta cifra incluye, además de la resolución 65, otras normativas relacionadas con sectores específicos como la construcción y las telecomunicaciones.

Por ejemplo, en el sector de la construcción, se eliminó una resolución que obligaba a los proveedores de materiales que deseaban canjear Certificados de Depósito para Inversión (CEDIN) a inscribirse en un Registro de Proveedores de Materiales para la Construcción. Esta exigencia, establecida en el marco de la Ley 26.860, también fue considerada innecesaria por el Gobierno, que busca reducir los trámites para las empresas del sector.

Asimismo, se derogó la resolución 176 de 2014 de la ex Secretaría de Comercio, la cual imponía a las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones móviles la obligación de informar mensualmente sobre todos los planes ofrecidos en todas las modalidades de prestación del servicio. La eliminación de esta norma es vista como un paso hacia la simplificación de la relación entre el Estado y las empresas de telecomunicaciones, permitiéndoles mayor flexibilidad en sus operaciones y reduciendo la carga administrativa.

Javier Milei, Expo Rural, 2024, retenciones, Bolsa de Comercio de Rosario, producción, mercado

En su mensaje, el Ejecutivo destacó que estas eliminaciones no solo buscan reducir la burocracia y simplificar los vínculos entre las empresas y la administración pública, sino que también representan un avance hacia la eliminación de lo que consideraba un control excesivo por parte del Estado sobre las decisiones comerciales de las empresas. Esta visión apunta a fomentar un entorno más favorable para el desarrollo empresarial, eliminando regulaciones que, según el Gobierno, imponían controles innecesarios y dificultaban la operación eficiente de las empresas.

La Resolución 226/2024 es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno por crear un marco regulatorio más ágil y menos oneroso para las empresas, eliminando normas que ya no responden a las necesidades actuales del mercado y que solo contribuyen a incrementar la carga administrativa. Con esta medida, el Gobierno espera facilitar la actividad económica y fomentar un clima de negocios más dinámico y menos regulado, donde las empresas puedan operar con mayor libertad y eficiencia.