Privatización de Rutas Nacionales: como impacta en el campo
El Gobierno argentino ha dado un paso significativo hacia la privatización de rutas nacionales de vital importancia para el sector agroindustrial. Manuel Adorni, vocero presidencial, anunció que se abordará la gestión de 11 tramos viales que abarcan un total de 8,500 kilómetros, actualmente administrados por la empresa estatal Corredores Viales S.A. Este movimiento busca mejorar la infraestructura y la conectividad del campo con los puertos, fundamentales para la cadena de suministro agrícola.
Entre las rutas que se verán afectadas se encuentran la ruta nacional 34, la 33, y la 188. Estas vías son esenciales para la movilización de productos agrícolas hacia el Gran Rosario, un punto clave para la exportación de granos en Argentina.
Impacto de las Rutas Nacionales en el campo
El anuncio tiene un impacto directo en la agroindustria, especialmente en la actual campaña gruesa donde se estima que cerca de 20,000 camiones se dirigen a los puertos. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, los camiones dominan el transporte de cargas en el país, representando el 92.7% del total, siendo los granos la principal carga con un 35%.
Esta situación resalta la urgencia de mantener y mejorar la infraestructura vial, ya que el transporte eficiente es crucial para garantizar que los productos lleguen a su destino a tiempo y en buenas condiciones. El cambio en la administración de estas rutas promete abordar las fallas en el mantenimiento que han caracterizado a la gestión pública en años anteriores.
La privatización se realizará en etapas, bajo el marco de la Red Federal de Concesiones, con el Ministerio de Economía a cargo de la licitación. Este ministerio tendrá la facultad de modificar la red vial conforme a las necesidades detectadas, incluyendo la posibilidad de excluir, incorporar o dividir tramos.
Adorni destacó que “el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras sin las restricciones que significaba la Ley de Obra Pública”. La entrada de más competencia en el mercado promete ofrecer mejores precios y, en consecuencia, una gestión más eficiente de estas rutas.
Las rutas bajo concesión incluyen varias vías cruciales para el tráfico de mercancías. Actualmente, Corredores Viales gestiona la ruta nacional 9, que va de San Salvador de Jujuy a Santiago del Estero; la ruta nacional 34, que conecta La Banda, Santiago del Estero, con Rosario, Santa Fe; y la ruta 188, que une Pergamino con la ruta nacional 7. También se encuentran la ruta nacional 12, que abarca Corrientes y Misiones, así como la ruta nacional 8, que va de la Capital Federal a Río Cuarto.
La autopista Rosario-Córdoba es otra de las vías clave en manos de Corredores Viales, al igual que las rutas nacionales 3, 205, y 5, que son fundamentales para garantizar el acceso y la movilidad en el territorio nacional.
Beneficios Esperados de la Privatización
La privatización por concesión permitirá, según el Gobierno, la extinción de los contratos actuales de concesión y el subsiguiente cierre de Corredores Viales S.A. Este proceso se plantea como una estrategia para fomentar nuevas concesiones que atraigan capital privado, lo que a su vez permitiría generar ahorros significativos en el gasto del Tesoro Nacional.
“Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos”, afirmó Adorni, sugiriendo que con la nueva administración se espera un cambio en la cultura de gestión que fortalecería la calidad de las rutas y, por ende, el proceso logístico del agro.
El anuncio de la privatización de rutas nacionales clave representa un momento de cambio que podría revolucionar el transporte agroindustrial en Argentina. El sector espera que este nuevo enfoque contribuya a la modernización de la infraestructura vial, permitiendo un flujo más eficiente de productos desde los campos hacia los puertos.
Con el respaldo del sector privado, el Gobierno apunta a transformar la red vial en un recurso más ágil y menos costoso, generando un impacto positivo en la economía y el desarrollo agrícola del país. A medida que avanza esta transición, se mantiene la expectativa sobre cómo responderá el mercado y los beneficios tangibles que se podrán observar en el corto y mediano plazo.
