Intervinieron la obra social de los trabajadores rurales por una deuda de $45.000 millones
El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido intervenir la Obra Social de los trabajadores, formalmente conocida como Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) por un período inicial de 180 días, a través del decreto 720/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Esta medida se implementa apenas unas semanas después de que la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) recuperara el control de la misma, tras un prolongado conflicto judicial.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Russo, designa a Virginia Montero como interventora, encargada de supervisar y normalizar las operaciones de OSPRERA. Montero deberá presentar informes mensuales a la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando la situación institucional, administrativa y prestacional de la entidad, en un esfuerzo por garantizar su estabilidad y funcionamiento adecuado.
Motivos de la intervención
El decreto justifica la intervención citando una serie de irregularidades graves detectadas en una auditoría que evaluó los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos de OSPRERA. Entre los problemas identificados, se destaca la falta de liquidez y solvencia de la obra social, un endeudamiento significativo que amenaza su estabilidad financiera, y múltiples incumplimientos que afectan negativamente la calidad de los servicios prestados a los afiliados.
OSPRERA enfrenta una situación financiera extremadamente delicada. Al cierre del ejercicio 2023, la obra social presentaba un endeudamiento crítico, con parámetros fuera de los valores normales. Una ayuda financiera de más de $3.350 millones otorgada en octubre de 2023 no solo no mejoró la situación, sino que la empeoró. La deuda prestacional aumentó un 63% entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, alcanzando casi $44.000 millones. Además, OSPRERA adeuda más de $1.500 millones a Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada.
La auditoría también reveló graves deficiencias en la gestión de la obra social. Se reportaron 172 acciones judiciales en su contra, relacionadas con problemas de acceso a medicamentos, cirugías, prótesis, y otros servicios médicos esenciales. Asimismo, enfrenta juicios por mala praxis médica, laborales, y de cobro de pesos, entre otros. Estas disputas legales, junto con las deudas crecientes, han afectado severamente la capacidad operativa de OSPRERA, dificultando la prestación de servicios adecuados a sus beneficiarios.
Reclamos de los trabajadores rurales
Entre 2022 y 2023, se registraron más de 16.000 reclamos directamente en OSPRERA y más de 1.600 en la Superintendencia de Servicios de Salud, lo que refleja un alto nivel de insatisfacción entre los afiliados. La auditoría también descubrió que la obra social no cumple con la normativa de transparencia, ya que no proporciona información adecuada sobre la cartilla de prestadores ni sobre los coseguros en su página web. Además, se identificaron graves carencias en la oferta prestacional y farmacéutica en varias jurisdicciones del país.
Intervención y próximos pasos
La intervención de OSPRERA tiene como objetivo corregir las múltiples irregularidades detectadas y asegurar que la obra social pueda cumplir adecuadamente con su misión de brindar cobertura de salud a los trabajadores rurales y estibadores del país. Durante los 180 días de intervención, la gestión de Montero se enfocará en restablecer la estabilidad financiera y operativa de la entidad, con el respaldo y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El decreto también establece que, si es necesario, el período de intervención puede ser prorrogado para garantizar la consecución de estos objetivos. Mientras tanto, los afiliados de OSPRERA seguirán bajo la cobertura de la obra social, aunque con la esperanza de que la intervención mejore significativamente los servicios que reciben.
La intervención de OSPRERA se presenta como una medida urgente y necesaria para salvaguardar los derechos de los trabajadores rurales y estibadores, frente a una situación financiera y operativa que ha llegado a niveles insostenibles. El Gobierno ha tomado esta decisión en un contexto de profunda preocupación por el bienestar de los beneficiarios y con el objetivo de normalizar una entidad que, según la auditoría, ha fallado gravemente en su misión.
