Marcos Galperín se unió al reclamo del campo y alza la voz contra los Ingresos Brutos
Marcos Galperín se sumó al reclamo del campo. La decisión de algunas provincias, como Santa Fe, de incrementar las alícuotas del impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) ha encendido un fuerte debate en el ámbito político y económico del país. A la protesta del sector rural se sumó recientemente Mercado Libre, con un contundente comunicado difundido por su presidente, Marcos Galperín, donde apuntaron directamente contra las medidas impositivas que, según afirman, perjudican a los consumidores, las pymes y los productores locales.
Mercado Libre expresó su rechazo a estas medidas fiscales, señalando que el aumento de Ingresos Brutos “encarece productos y servicios, golpea los bolsillos de las familias y pone en riesgo miles de negocios que son el motor de la economía local”. Según la compañía tecnológica, este impuesto es particularmente distorsivo ya que se aplica sobre el total facturado y no sobre las ganancias, lo que genera un efecto cascada en los costos a lo largo de las distintas etapas de producción y distribución.
La empresa también destacó las dificultades que enfrenta el comercio frente a la compleja administración del tributo, afirmando que “su gestión representa una carga administrativa innecesaria y costosa, dificultando el desarrollo y crecimiento de los negocios”.
En este contexto, Mercado Libre reclamó un cambio en la estructura impositiva nacional, pidiendo avanzar hacia “un sistema más simple y justo”, en lugar de implementar medidas que “perjudican a los argentinos que producen, comercian y consumen”.
El ruralismo y la presión impositiva
El comunicado de Mercado Libre no es un hecho aislado. Varios sectores del campo han intensificado su reclamo contra el incremento de impuestos provinciales, especialmente en un contexto donde el Gobierno nacional ha avanzado en la reducción de las retenciones a las exportaciones de granos y la eliminación de estas para varias economías regionales.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro, junto con sus pares Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), emitieron recientemente un comunicado presionando a la Casa Rosada para que tome medidas respecto a los derechos de exportación. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis Caputo, les recordó el peso de los impuestos provinciales como Ingresos Brutos, dejando a los mandatarios en el centro del debate público sobre la necesidad de reducir la presión fiscal.
En su mensaje, Mercado Libre subrayó la necesidad de priorizar a las familias, las pymes y los productores, quienes consideran que son los principales motores de la economía. “Es hora de promover el desarrollo económico en lugar de frenarlo”, afirmaron, instando a los gobiernos provinciales a reconsiderar los aumentos impositivos y avanzar hacia políticas fiscales que fomenten el crecimiento en lugar de penalizarlo.
La compañía, que representa una de las voces más influyentes en el ámbito empresarial, agregó que “estas medidas discrecionales siempre las terminan pagando los argentinos”. En este sentido, hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de los impuestos distorsivos en un contexto económico ya de por sí desafiante.
El debate de fondo de Marcos Galperín y el campo: la reforma tributaria
El enfrentamiento entre los gobernadores, el Gobierno nacional y sectores productivos pone en evidencia un problema estructural de la Argentina: la necesidad de una reforma tributaria integral. Mientras los productores rurales y empresas como Mercado Libre reclaman por una menor presión fiscal, los gobiernos provinciales argumentan que los impuestos como Ingresos Brutos representan una fuente clave de financiamiento para enfrentar las crecientes demandas sociales.
En medio de esta discusión, lo que queda claro es que el aumento de impuestos como Ingresos Brutos genera tensiones que trascienden lo fiscal, afectando a todos los sectores de la economía. El desafío, ahora, radica en encontrar un equilibrio que permita aliviar la carga impositiva sin comprometer la capacidad de financiamiento de los estados provinciales, priorizando el desarrollo económico del país.
