Maquinaria agrícola: el Gobierno eliminó una traba clave para importar en 2025


En una nueva medida orientada a la maquinaria agrícola y a fomentar la libertad de mercados y dinamizar la actividad productiva, el Gobierno nacional simplificó el proceso para importar bienes de capital usados, eliminando la exigencia del Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU). La decisión fue formalizada a través del Decreto 273/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y representa un cambio significativo en el Régimen de Importación Definitiva para Consumo.

El decreto, que ya entró en vigencia, implica la sustitución del CIBU por una declaración jurada del importador, la cual tendrá los mismos fines, pero sin estar condicionada a la inexistencia de producción local equivalente. Es decir, a partir de ahora ya no será necesario demostrar que no hay fabricantes argentinos de bienes similares para poder ingresar equipos usados al país.

Un impulso a la producción y a la competitividad de maquinaria agrícola

Desde el Gobierno, se destacó que esta medida apunta a estimular la inversión productiva en maquinaria agrícola, especialmente en sectores que no tienen acceso a maquinaria agrícola nueva por cuestiones de costos o disponibilidad. “La norma beneficiará a los sectores que, al no tener la posibilidad de acceder a bienes de capital nuevos, podrán optar por importar bienes usados, para producir de manera más competitiva”, señala el texto oficial.

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El Ejecutivo argumentó que esta decisión forma parte de un proceso más amplio de apertura económica, que busca “contribuir decisivamente a la superación de la emergencia económica” y “afianzar la estabilización de los precios”, mediante el fomento de la competencia y la eliminación de precios artificialmente elevados.

La nueva normativa también deroga prohibiciones previas que impedían el ingreso de maquinaria agrícola usada para diferentes industrias. Entre los equipos ahora habilitados para importar se incluyen máquinas de extracción de petróleo y gas, cortadoras industriales, moldes de matricería utilizados en la industria automotriz y maquinaria gráfica, entre otros. Esta ampliación del espectro de productos busca destrabar el desarrollo productivo, según explicó el Gobierno.

Menos burocracia, más eficiencia

Uno de los principales argumentos detrás del decreto es la necesidad de reducir la carga administrativa sobre las empresas. El texto publicado en el Boletín Oficial sostiene que la existencia de múltiples instancias y autorizaciones previas para importar “constituye una traba al desarrollo del comercio” y “aumenta los costos administrativos de los productores”.

“Razones de eficiencia, facilitación del comercio y agilización de los trámites vislumbran necesaria la revisión integral del marco normativo aplicable de la maquinaria agrícola ”, argumenta el Ejecutivo. En ese sentido, la eliminación del CIBU representa un paso hacia una menor intervención estatal en los procesos de importación y se alinea con la política general del Gobierno de liberalizar la economía.

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En 2014, New Holland alcanzó la mayor cosecha de trigo en 8 horas con la CR10.90

Sectores estratégicos, entre los más beneficiados

La medida fue especialmente bien recibida por los sectores energético, minero e hidrocarburífero, que a menudo dependen de la incorporación de maquinaria agrícola pesada y tecnología de punta para poder desarrollar sus actividades. Desde el Gobierno remarcaron que estos rubros “podrán contar con procesos ágiles para la importación de maquinarias usadas, sin la intervención del Estado limitando sus decisiones empresariales”.

Este cambio normativo también resulta clave en un contexto donde la renovación de equipos es fundamental para mejorar la productividad, pero la compra de maquinaria nueva implica una inversión elevada que muchas empresas no pueden afrontar. Así, se abre la puerta para que las firmas accedan a tecnología de segunda mano a menor costo, sin trabas burocráticas y con mayor previsibilidad.

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El Decreto 273/2025 se inscribe dentro de un marco más amplio de reformas que el Gobierno viene impulsando desde el inicio de su gestión, con el objetivo de liberar los mercados, eliminar regulaciones consideradas distorsivas y estimular la competitividad interna.

Con la eliminación del CIBU, el Ejecutivo apuesta a un modelo donde el Estado no actúe como filtro, sino como facilitador de procesos, buscando generar un entorno más dinámico, previsible y competitivo para la industria nacional.