Luis Caputo derogó 43 normas que regulaban precios incluido de la carne
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, anunció este martes la derogación de 43 normas vinculadas al comercio interno, en un movimiento que busca eliminar trabas burocráticas y fomentar la libre competencia. A través de la Resolución 1212/2024 y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, el Gobierno avanzó en un proceso de desregulación que abarca múltiples sectores de la economía.
Objetivo: liberar el comercio y simplificar la gestión pública
Según informó el Ministerio de Economía, estas normas habían quedado obsoletas, pero su vigencia mantenía la posibilidad de ser aplicadas, permitiendo la fijación de precios, la intervención en el mercado y la exigencia de información considerada innecesaria. Las medidas eliminadas incluían controles sobre productos como carne vacuna, lácteos, productos comercializados en supermercados, servicios de comunicación y farmacias, además de requerimientos informativos a empresas e instituciones educativas.
En un comunicado oficial, se explicó que las derogaciones están orientadas a “alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública más eficiente, basada en procesos simplificados”. El texto también señaló que los controles de precios y regulaciones similares “distorsionan los mercados, dificultan la libre concurrencia y entorpecen el vínculo entre el sector privado y el Estado”.
Reducción de costos y trabas burocráticas
Entre las normas eliminadas, el Gobierno destacó una regulación que afectaba el comercio de neumáticos al imponer trámites redundantes para su homologación, lo que encarecía su costo. Además, se dio de baja una serie de programas y medidas que ya no eran aplicados, como los controles de precios del programa Precios Cuidados y el régimen informativo SIPRE, que obligaba a las empresas a declarar precios y cantidades.
Desde el inicio de la gestión de Caputo, la Secretaría de Industria y Comercio ha derogado un total de 107 normas para normalizar el comercio interior y exterior. Entre ellas, se encuentran licencias automáticas y no automáticas de importación, así como el sistema de SIRA y DJCP, cuya eliminación se tradujo en una reducción de costos estimada en 5 millones de dólares y en la eliminación de un millón de declaraciones juradas anuales.
Impacto en la competitividad y el mercado
El Ministerio de Economía argumentó que la intervención estatal a través de controles de precios y regulaciones genera distorsiones que afectan negativamente la competitividad del sistema económico. Según el documento oficial, las nuevas medidas buscan promover un entorno de libre concurrencia y decisiones económicas basadas en criterios de mercado, alineadas con la simplificación administrativa.
En el sector privado, estas decisiones han generado opiniones divididas. Por un lado, algunas empresas celebraron la simplificación de procesos, que consideran un paso hacia un entorno más competitivo. Por otro, organizaciones de consumidores y sectores que abogaban por la continuidad de ciertos controles expresaron preocupación por el impacto que estas medidas podrían tener en los precios y en la estabilidad del mercado interno.
El proceso de desregulación forma parte de una estrategia más amplia para transformar la relación entre el Estado y el sector privado. Con un enfoque en reducir las barreras burocráticas y fomentar la libre competencia, el Gobierno de Luis Caputo avanza hacia un modelo económico más desregulado. Sin embargo, el éxito de estas políticas dependerá de su capacidad para equilibrar los intereses del mercado con la protección de los consumidores y la estabilidad de los sectores más sensibles de la economía.
Mientras el Ministerio de Economía continúa ajustando su marco regulatorio, el desafío será mantener un entorno competitivo y atractivo para las inversiones, al mismo tiempo que se resguardan los intereses de la población frente a posibles alzas de precios en bienes y servicios esenciales.
Todas las desregulaciones
- Resolución 1/2006 y 38/2008: Esta norma regulaba el precio de la carne vacuna, fijando precios máximos para toda la cadena, tanto para los cortes destinados a la industria frigorífica, como los de consumo comercial minorista o mayorista.
- Resolución 26/2007: El Registro de Industrias Elaboradoras de Bienes Finales Lácteos obligaba a los inscriptos a acordar precios con el Gobierno.
- Resolución 6/2010: Todas las farmacias del país debían exhibir en lugar visible listas y/o carteles en los que se consignan todos los productos que se encontraban alcanzados por una bonificación especial del 30%.
- Resolución 823/2022: Establecía la creación del programa Precios Justos que obstaculizaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos y el mercado.
- Resolución 991/2021: Desarrolló el programa Súper Cerca destinado a los comercios de cercanía de todo el país y fijaba los precios de los productos de la canasta básica.
- Resolución 1182/2023: La Unidad de Negociación de Acuerdo de Precios afecta la libre competencia y entorpece las relaciones comerciales.
- Resolución 50/2010. Establecía que las operaciones de comercialización del servicio de televisión paga deben efectuarse de acuerdo a las pautas y fórmulas fijadas por el Estado.
- Resolución 25/2007. Su derogación simplifica el procedimiento para la homologación de neumáticos. Esta norma establecía que para la aprobación del Certificado de Homologación de Autopartes y/o Elementos de Seguridad (CHAS), los neumáticos debían cumplir con requisitos extra aprobados por el INTI. Este proceso encarecía su precio.
- Resoluciones 300/2009 y 312/2010. Obligaban a suministrar información a las instituciones educativas de gestión privada que ofrezcan servicios de enseñanza obligatoria sobre los costos laborales y aranceles.
