Ley ómnibus: cuáles son los puntos más importantes que afectan al agro

Esta mañana comenzó el debate en la Cámara de Diputados del proyecto de “Ley de Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos”, también denominada “Ley Ómnibus” que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso. El mismo promete convertirse en una muy extensa jornada de debate parlamentario que, según anticiparon los especialistas, podría extenderse más allá de un día.

El debate puede seguirse en vivo por las redes sociales de la Cámara de Diputados o aquí debajo:

Los puntos claves para el campo

Uno de las principales aristas que impactaban en el campo que era el capítulo fiscal del Gobierno de la ley ómnibus, fue retirado del debate para esta instancia. De todas formas, se tratarán varios puntos importantes para el sector agropecuario. En el listado de los más destacados están: la ley de Biocombustible, el Régimen Federal Pesquero, la Upov-91 (propiedad intelectual en semillas), la ley de Manejo del Fuego, la privatización del INTea, y la aprobación de un régimen igualitario de habilitación y funcionamiento de los establecimientos que faenan.

Ley de Biocombustible

El Gobierno intenta la desregulación del mercado de los biocombustibles. Las mezclas teóricas actualmente son: biodiésel con gasoil 7,5%; el corte de las naftas con bioetanol es de 12%: 6% de caña y 6% de maíz. Con su propuesta, el Ejecutivo busca que las mezclas en biodiésel tengan un piso de 10% hasta llegar al 12,5% en 2026.

La ley ómnibus presenta un corte del 12% y otorga facultades a la Secretaría de Energía de aumentarlo del 12% al 15% a 2026. Además, podría bajar hasta el 3% en el bioetanol de maíz, en determinadas condiciones.

Por otra parte, en caso de conseguir la aprobación, los cupos y los precios regulados se eliminan. De esta forma se permitirá ingresar al abastecimiento interno a las grandes firmas de crushing de soja. Además, se abre un régimen licitatorio en los biocombustibles, uno para las grandes multinacionales y otro para el resto de las pymes.

Upov-91

Mediante el proyecto de ley, el Gobierno intentará conseguir la aprobación para que Argentina se adhiera al Acta de Upov-91. En las últimas semanas varios referentes del agro dieron sus opiniones al respecto, pero desde la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) aseguraron en un comunicado que “lo dispuesto en el proyecto de ley significa un salto cualitativo para la Argentina”.

Alfredo Paseyro, director Ejecutivo de ASA, dijo: “los 78 países que integran la Upov, 61 ya adhieren a Acta de 1991, por lo que ese debe contar la legislación adecuada para competir en igualdad de condiciones para poder relacionar al país con otros de la Unión Europea, así como Japón, Canadá, Australia, Perú, Estados Unidos y otros”.

Sin embargo, la Federación Agraria Argentina (FAA) se reunió con autoridades de la Secretaría de Agricultura para plantearle la preocupación ante los cambios que se podrían realizar en el uso de las semillas para la siembra.

Pesca

Otro de los principales y más controversiales cambios para las entidades pesqueras y empresarios del sector es la quita de atribuciones al Consejo Federal Pesquero, que representan cinco provincias con litoral marítimo. En este sentido, destacaron que estas modificaciones reinstalan viejas disputas entre la Nación y provincias. 

Por otra parte, se busca un cambio en el criterio de asignación de cuotas de pesca. Hasta ahora se asignan por buque con base en una serie de criterios objetivos contenidos en una ecuación: mano de obra empleada, inversiones, historia de captura del buque e historial de infracciones.

“Se pretende ahora dejar de lado el actual sistema, basado en un criterio objetivo de concurso por antecedentes históricos, tanto de mano de obra empleada, capturas de las especies, inversiones y otros, por un sistema de licitación al mejor postor, sea este nacional o extranjero”, expresó Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca).

Régimen de control sanitario para matarifes

En la ley ómnibus también se propone la implementación de un régimen de habilitación y funcionamiento de los establecimientos donde se faenan animales, o se elaboran o depositan productos de origen animal. Entre los distintos puntos, el Poder Ejecutivo propone: “establecer los requisitos de construcción e ingeniería sanitaria, los aspectos higiénicos, sanitarios y ambientales de elaboración, industrialización y transporte de las carnes, productos, subproductos y derivados de origen animal destinados al consumo en cualquier parte del territorio del país o a la exportación”.

La Secretaría de Agricultura delegará las normas finales y deberán estar contenidas en un Digesto Sanitario Único. A su vez, Senasa también tendrá un rol clave y será quien determinará “los sistemas de control higiénico-sanitarios y ambiental, aplicando y supervisando su ejecución, con facultades de inspección, sancionatorias y las que resulten de las normas reglamentarias que dicte el Poder Ejecutivo nacional”. 

Por último, se propone que las provincias puedan dictar “normas complementarias que no contravengan las disposiciones de esta ley y su reglamentación frente a emergencias sanitarias concretas que afecten a una determinada provincia y que supongan elevar las exigencias sanitarias de manera razonable”.

Privatización INTea

 El INTea es una empresa de inversiones mixtas que en un principio se constituyó como una sociedad anónima, conformada mayoritariamente por el INTA que posee aproximadamente un 97,5%. El resto del capital lo poseen la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro y Federación Agraria Argentina (FAA). La entidad cuenta con 43 trabajadores, 39 dedicados a labores del campo y el resto en la administración, incluyendo un directorio que trabaja ad honorem.

Esta empresa se encarga de comercializar los desarrollos tecnológicos del INTA y administra la producción de los campos del Ejército, de la Armada y del propio INTA. Luego de que se dieran a conocer las empresas que el Estado busca privatizar, se conoció que el INTea también entraría dentro de los más de 20 organismos que quedarían bajo manos de privados.

En los últimos días, los trascendidos más recientes indicaron que el INTea quedaría afuera del listado de las empresas a privatizar, aunque en el directorio de este organismo todavía no tenían confirmación. Es uno de los puntos que se debatirán en la Cámara de Diputados.

Manejo del fuego

La Ley 26.815, también conocida como la ley de Manejo del Fuego que impulsó el diputado (UxP), Máximo Kirchner y fue aprobada en 2020. Esta normativa prohíbe la venta y el cambio de uso de tierras incendiadas en plazos que se extienden hasta los 60 años. En la propuesta que se está debatiendo en el Congreso, se establece que deje de regir la prohibición del uso de manejo de fuego para la actividad productiva.