Ley de deforestación: Europa pospuso un año y sumó cambios
El Parlamento de Europa ha decidido posponer por un año la implementación de la ley de deforestación, aprobando una serie de cambios significativos en la normativa 1115/2023, que regula el comercio de productos vinculados a la deforestación. En una sesión reciente, con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se aprobó que los grandes operadores y comerciantes tendrán hasta el 30 de diciembre de 2025 para cumplir con las nuevas regulaciones, mientras que las pequeñas empresas dispondrán de tiempo hasta el 30 de junio de 2026.
Los nuevos detalles de la ley de deforestación
Este retraso, en respuesta a preocupaciones de estados miembros de la UE, así como de comerciantes y operadores externos, tiene como objetivo permitir una adaptación más fluida a las nuevas exigencias sin comprometer los objetivos ambientales de la ley. Los legisladores aseguraron que este plazo adicional dará tiempo suficiente para implementar las normas de manera efectiva.
Además de la prórroga de la ley de deforestación, se incorporaron cambios sustanciales en la normativa, destacando una enmienda clave que establece una nueva categoría de “países sin riesgo” de deforestación. Esta categoría incluirá a aquellos países con “un desarrollo estable o creciente de su superficie forestal”. Los países incluidos en esta categoría estarán sujetos a requisitos significativamente más flexibles, ya que el riesgo de deforestación en esos territorios es considerado mínimo o inexistente.
La Comisión Europea ahora deberá desarrollar un sistema de evaluación comparativa por países para identificar cuáles cumplen con los criterios para ser clasificados como “países sin riesgo”, y tiene plazo hasta el 30 de junio de 2025 para concluir este proceso. Sin embargo, para que estos cambios entren en vigor, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de la UE deberán aprobar el texto final, el cual también debe ser publicado en el Diario Oficial de la UE.
Mientras tanto, el expediente será devuelto a la comisión para que se lleven a cabo negociaciones interinstitucionales antes de que se formalicen los ajustes y se concluya el proceso legislativo.
