La Patagonia en pie de guerra contra la flexibilización de la barrera sanitaria en este 2025
La decisión del Gobierno nacional de flexibilizar la barrera sanitaria del Río Colorado ha desatado una ola de críticas desde la Patagonia. La medida, tomada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), permite el ingreso de carne con hueso desde zonas libres de fiebre aftosa con vacunación hacia la región patagónica, que es libre de la enfermedad sin necesidad de inmunización. Esta resolución encendió la alarma en los gobiernos provinciales de la región, que ven peligrar un estatus sanitario logrado tras dos décadas de trabajo.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue el primero en expresar su enérgico rechazo a la decisión. “Es una medida totalmente inconsulta, arbitraria y unitaria, tomada por un burócrata desde un escritorio en Buenos Aires, respondiendo quién sabe a qué intereses”, sentenció el mandatario. Desde su administración adelantaron que ya se elevó un reclamo formal ante la Casa Rosada y que iniciarán acciones para revertir la medida.
Un retroceso para la sanidad animal para la Patagonia
Según el gobierno rionegrino, la medida representa “un claro retroceso en las políticas de cuidado sanitario” de la Patagonia y afecta no solo la seguridad alimentaria sino también la competitividad de los productores locales. “Nuestro país necesita avanzar en sus estatus sanitarios, no retroceder. Las demás regiones deberían sumarse a la zona libre de aftosa sin vacunación y no obligarnos a retroceder después de 20 años de esfuerzo”, argumentó Weretilneck.
Uno de los puntos de mayor preocupación para los productores es la posibilidad de que la flexibilización sanitaria derive en la pérdida de mercados internacionales, donde la Patagonia tiene una ventaja competitiva por su estatus libre de fiebre aftosa sin vacunación. “Hoy, con esta medida, están poniendo en riesgo el único diferencial que tiene Argentina ante los mercados internacionales”, advirtió el gobernador.
Otro argumento en contra de la decisión es que no necesariamente significará una baja en el precio de la carne, como se ha insinuado desde el Gobierno nacional. Weretilneck citó que el 63% de la carne sin hueso que se comercializa en la provincia ya proviene del norte de la barrera sanitaria y sus precios no difieren significativamente de los de la producción local.
“Quieren confundir a la gente diciendo que va a bajar el precio de la carne. Eso no es cierto. No pasó con los cortes sin hueso que ingresan desde el norte de la barrera y tampoco va a pasar con el asado. Nos están condenando a un riesgo sanitario permanente y nos cierran las puertas de los mercados internacionales”, denunció Weretilneck.
Repercusiones de la barrera sanitaria en la industria y el empleo
Desde el gobierno de Río Negro también alertaron sobre el impacto que la medida tendrá en la industria cárnica local, que podría enfrentar serias dificultades para mantener su producción y empleo. “Nos hace perder múltiples mercados internos y llevará casi indefectiblemente a una crisis en la industria cárnica rionegrina y patagónica, afectando a miles de trabajadores”, explicó el mandatario provincial.
Carlos Banacloy, ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, reforzó esta postura al advertir que la barrera sanitaria no es una traba comercial, sino una garantía de sanidad y competitividad. “Actualmente, el 60 o 65% de la carne que consumimos ya proviene del norte del país. Lo que se impide es el ingreso de carne con hueso, lo que asegura nuestra sanidad y previene el riesgo de enfermedades. Cada pérdida de estatus es pérdida de mercados”, sostuvo el funcionario.
Banacloy también apoyó la idea de avanzar hacia una solución nacional que beneficie a todos los productores del país. “Si el objetivo real es mejorar el estatus sanitario, la solución es clara: levanten la vacunación en todo el territorio nacional y tengamos un solo estándar sanitario. No podemos aceptar que se perjudique a quienes han hecho el esfuerzo”, enfatizó.
El rechazo se extiende a Chubut
La oposición a la flexibilización también llegó a Chubut, donde la ministra de Producción, Laura Mirantes, expresó su preocupación por el impacto que la medida podría tener en la provincia. En conferencia de prensa, la funcionaria cuestionó la falta de diálogo con las provincias antes de tomar una decisión de esta magnitud y advirtió que el Gobierno nacional deberá asumir la responsabilidad por las consecuencias que pueda traer esta modificación.
Desde la Patagonia, los gobiernos provinciales han dejado en claro que no permitirán que se ponga en riesgo el trabajo de décadas. “No vamos a permitir que destruyan nuestro trabajo y nuestra sanidad. La Patagonia se defiende”, concluyó Banacloy.
