La Pampa crece el conflicto por la ley de gestión de plaguicidas
El sector agropecuario en La Pampa enfrenta un nuevo conflicto con el gobierno provincial de Sergio Ziliotto, en relación con la Ley 3.288 de “Gestión Integral de Plaguicidas”, aprobada en 2020 pero aún sin reglamentar. Con la reciente publicación de borradores de su reglamentación, las principales entidades agropecuarias expresaron su rechazo unánime y pidieron la derogación de la normativa, argumentando que criminaliza la actividad agropecuaria y genera trabas excesivas para los productores.
Contexto: una ley de plaguicidas polémica
La Ley 3.288, sancionada en 2020, establece pautas para la regulación de los plaguicidas en La Pampa. Sin embargo, hasta ahora no fue implementada debido a la falta de reglamentación, proceso que comenzó a avanzar recientemente. Ante esto, entidades como la Mesa de Enlace (Carbap, Federación Agraria, Coninagro y Sociedad Rural), CREA, Aapresid y otras asociaciones vinculadas al agro manifestaron su “firme rechazo” a la ley y cuestionaron la falta de consenso en su elaboración.
Estas organizaciones señalan que, durante la redacción de la ley, no se consideraron adecuadamente las recomendaciones de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal (COPROSAVE), la cual trabaja en la actualización de normativas agrarias. Además, argumentan que se desestimaron los aportes técnicos realizados por instituciones del sector agropecuario, resultando en una legislación que consideran deficiente y desactualizada, sin contemplar los avances tecnológicos en la gestión de plaguicidas.
Puntos de Discordia
El comunicado emitido por las entidades agropecuarias subraya varias críticas hacia la ley y el borrador de su reglamentación. Según el texto, la normativa:
- Aumenta la carga burocrática: Se introducen requisitos administrativos excesivos que, según las entidades, son innecesarios y dificultan el funcionamiento de las actividades rurales, especialmente para los pequeños productores con menor capacidad administrativa.
- Atenta contra la propiedad privada: Las organizaciones argumentan que ciertos aspectos de la ley violan derechos fundamentales amparados por la Constitución Nacional y Provincial.
- Criminaliza la actividad agropecuaria: Denuncian que la normativa plantea restricciones que exponen a los productores a sanciones desproporcionadas y pone en riesgo la sostenibilidad de sus actividades.
- Impacta negativamente en la producción: La implementación de la ley afectaría de manera severa a los pequeños y medianos productores, quienes tendrían mayores dificultades para cumplir con las exigencias de la normativa debido a sus limitaciones en infraestructura y recursos administrativos.
Estos puntos generaron una unión poco común entre todas las asociaciones del sector, quienes consideran la normativa perjudicial para el desarrollo de la actividad agropecuaria en la provincia.
El Pronunciamiento del Sector Agropecuario
Las asociaciones firmantes también cuestionaron la pertinencia de una normativa que, en su opinión, ya está desactualizada, y pidieron al poder legislativo provincial que no solo suspenda su reglamentación sino que derogue la ley completamente. Las organizaciones resaltan que el impacto de la Ley 3.288 sería grave para la producción pampeana, afectando principalmente a aquellos con menor capacidad de adaptación a la nueva carga administrativa.
Asimismo, el comunicado finaliza proponiendo la elaboración de una nueva ley que respete la “Salud, el Ambiente y la Producción” en la provincia. Según las organizaciones, están dispuestas a colaborar en la redacción de una normativa que contemple estos aspectos de manera equilibrada y que, a su vez, no afecte la actividad productiva.
Una Relación Tensa con el Gobierno Provincial
Este conflicto se suma a una serie de tensiones previas entre el sector agropecuario y el gobierno de Ziliotto. El año pasado, un enfrentamiento se generó cuando el Banco Nación estuvo cerca de cerrar sus sucursales en La Pampa tras un incremento en los impuestos provinciales, lo cual fue percibido como una medida que perjudicaba a los productores locales. Ahora, con la Ley 3.288, las relaciones vuelven a tensarse.
En este contexto, la solicitud de derogación de la ley refleja la falta de confianza de los productores en la actual gestión provincial, y un llamado a reconsiderar el papel que el agro juega en la economía pampeana. Para los productores, el éxito de una regulación de plaguicidas debe considerar el conocimiento técnico y el aporte de las instituciones agropecuarias, en lugar de una normativa impuesta sin consenso.
La Respuesta del Gobierno y el Futuro del Proyecto
Hasta el momento, el gobierno provincial no emitió una respuesta oficial a la solicitud de derogación de la ley. Sin embargo, la situación plantea un desafío para Ziliotto, quien deberá enfrentar la presión de las asociaciones del sector en un contexto de incertidumbre política y económica.
La resistencia a la Ley 3.288 es, además, una muestra de la capacidad de organización y movilización de los productores agropecuarios en defensa de sus derechos. En caso de que el gobierno decida avanzar con la reglamentación de la ley, es probable que el conflicto escale, generando mayores tensiones y posiblemente protestas.
El escenario actual deja abierta la posibilidad de una negociación entre el gobierno y las entidades para consensuar una normativa que responda a las preocupaciones del agro, sin renunciar a los objetivos de salud y sostenibilidad ambiental. En última instancia, el desenlace dependerá de la voluntad de ambas partes para dialogar y alcanzar un acuerdo que permita una gestión efectiva de los plaguicidas, sin poner en riesgo la producción ni el bienestar de los trabajadores del sector.
