La Mesa de Enlace le exigió al Gobierno la quita de una norma del Banco Central
A cuatro días de que expire una normativa del Banco Central (BCRA) que incrementó el costo del crédito para los productores de soja, la Mesa de Enlace lanzó un ultimátum al gobierno de Javier Milei, exigiendo que la medida no sea renovada. Esta normativa, prorrogada por última vez en diciembre pasado durante el gobierno de Alberto Fernández, afecta significativamente a los productores. Si el BCRA no aborda este tema en su reunión del jueves, la normativa caducaría, algo que los productores esperan ansiosamente.
La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), ha sido crítica de esta medida desde su implementación en septiembre de 2022 bajo el marco del “dólar soja” promovido por el exministro de Economía, Sergio Massa. Según la Comunicación “A” 7931 del BCRA, se estableció un recargo en la tasa de interés para los productores de trigo y soja que mantuvieran más del 5% de sus existencias. En la práctica, este recargo elevó el costo del crédito en aproximadamente un 20%.
Massa había solicitado al BCRA que terminara con esta medida, pero el Banco Central continuó con la misma, justificando su autonomía en la toma de decisiones. A pesar de la expectativa de los productores de que la normativa no se prorrogara, la medida fue extendida hasta el 30 de junio bajo la administración de Milei.
En un comunicado reciente, la Mesa de Enlace destacó que esta normativa impone a los productores con más del 5% del stock de la última cosecha de soja un interés 20 puntos superior a la tasa establecida. “Esto castiga a quienes producen, generan empleo, desarrollan el interior y aportan divisas al país”, afirmaron. Además, criticaron que esta medida es una reminiscencia de políticas del kirchnerismo, calificándola de discriminatoria e ignorante respecto a las prácticas del sector agropecuario.
Los productores sostienen que no utilizan sus granos de manera especulativa, sino que los almacenan como reaseguro, ahorro y forma de pago. La normativa afecta no solo a quienes almacenan más del 5% de soja, sino también a tamberos y otros productores que utilizan el grano para alimentar animales, así como a cooperativas. La Mesa de Enlace subrayó que esta medida es incompatible con la desregulación y liberación económica que promueve el actual gobierno.
Según la Mesa de Enlace, el gobierno nacional tiene la oportunidad de corregir un error significativo que no reconoce las prácticas del sector agropecuario, como acopiar parte de la producción para futuras campañas y obligaciones. Mantener esta normativa implica un mayor costo financiero y perjudica el crecimiento del sector.
La Mesa de Enlace insiste en que el campo necesita señales claras del gobierno, y la no renovación de esta medida sería un primer paso positivo. Además, reiteran la necesidad de eliminar las retenciones y el impuesto PAIS, medidas que consideran esenciales para una apertura económica real y sostenible.
En resumen, la Mesa de Enlace espera que el gobierno de Javier Milei y el Banco Central respondan a sus demandas, eliminando una normativa que consideran injusta y perjudicial para los productores agropecuarios. La atención se centra en la próxima reunión del BCRA, donde se decidirá si esta medida continuará o finalmente se dejará de lado, brindando alivio al sector agrícola.
