Javier Milei derogó la emergencia de tierras indígenas y reforzó la protección de la propiedad privada
El presidente Javier Milei tomó una medida clave en materia de tierras al firmar un decreto que elimina la emergencia sobre la posesión y propiedad de terrenos ocupados por comunidades indígenas, vigente desde 2021. Según el Ejecutivo, esta decisión busca garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y fomentar la confianza necesaria para atraer inversiones que impulsen la producción.
Fin de un régimen excepcional
El decreto publicado este martes declara “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. El Gobierno de Javier Milei justificó la decisión al considerar que la continuidad de este régimen afectaba derechos constitucionales y limitaba el desarrollo económico del país.
“La situación precaria de los legítimos propietarios o poseedores que, en muchos casos, fueron desplazados durante 18 años sin derecho a reclamar ante la justicia, hace insostenible el mantenimiento de esta emergencia”, sostiene el texto oficial.
Impacto en el sector agropecuario y la sociedad
La derogación de Javier Milei representa una señal directa al sector agropecuario, uno de los principales motores económicos del país, que en los últimos años denunció intentos de usurpación de tierras y conflictos por delimitaciones territoriales.
“La medida contribuye a pacificar los conflictos latentes o activos que aún persisten en torno a la tenencia de tierras”, añadió el Gobierno, destacando que el fin de este estado de excepción busca restaurar la seguridad jurídica en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo subrayó que garantizar la propiedad privada es crucial para el ingreso de “inversiones genuinas”, esenciales para revitalizar la economía.
La emergencia de tierras indígenas, instaurada inicialmente en 2006 y prorrogada en varias ocasiones, fue concebida como una herramienta para regularizar la situación territorial de las comunidades originarias. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei argumenta que su implementación perpetuó situaciones de conflicto y afectó derechos de propietarios legales.
“El decreto satisface de forma inmediata y efectiva la vulneración de derechos constitucionales de los ciudadanos y las personas jurídicas que poseen títulos legítimos sobre inmuebles afectados por la norma”, asegura el texto.
La decisión de Javier Milei podría reactivar debates sobre los derechos de las comunidades indígenas y su relación con los intereses productivos. Organizaciones de derechos humanos y representantes de pueblos originarios han advertido previamente sobre los riesgos de desproteger tierras ancestrales en favor de intereses económicos.
Mientras tanto, el Ejecutivo sostiene que esta medida es un paso hacia un entorno de mayor estabilidad jurídica, imprescindible para el desarrollo económico del país y la convivencia social. La derogación, presentada como un gesto de firmeza hacia el campo y los inversores, marca un cambio de enfoque en la política territorial del país, priorizando la propiedad privada y la atracción de capitales frente a los reclamos históricos de las comunidades indígenas.
