Javier Milei prorroga por decreto el Presupuesto 2023
El Gobierno argentino de Javier Milei oficializó el 30 de diciembre la prórroga del Presupuesto General de la Administración Nacional para 2025 mediante el decreto 1131/2024. Esta decisión, adoptada por segundo año consecutivo, responde a la falta de acuerdos en el Congreso para aprobar una nueva Ley de Presupuesto, un hecho que refleja el delicado equilibrio fiscal y las tensiones políticas que enfrenta la administración de Javier Milei.
A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo optó por no convocar sesiones extraordinarias, argumentando que el debate podría desestabilizar los esfuerzos por alcanzar el déficit cero. Este concepto, pilar de la gestión libertaria, ha generado roces con las provincias, que reclaman fondos y ajustes que complican la planificación fiscal nacional.
Tensiones con las provincias y el desafío del déficit cero
El contexto de la prórroga presupuestaria está marcado por el conflicto entre el Gobierno Nacional y los gobernadores provinciales, quienes exigen medidas que contradicen las estrictas metas fiscales del presidente Milei. Los reclamos incluyen:
- Pago de deudas por cajas previsionales.
- Mayor coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.
- Distribución más equitativa del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
- Reducción de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP).
- Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.
Estos puntos representan un total de 3.700 millones de dólares, un monto que el Ejecutivo considera inviable en el actual esquema fiscal. Según fuentes de Balcarce 50: “No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado”.
Un febrero incierto como posible alternativa
En medio de las negociaciones fallidas, el oficialismo baraja la posibilidad de tratar el proyecto de presupuesto en febrero, aunque admiten que sería un hecho atípico en la historia legislativa.
“No hay antecedentes de que se vote un presupuesto en febrero, pero bueno… esto es día a día”, comentó una fuente oficial. Desde el entorno libertario aseguran que si los gobernadores garantizan el respaldo al proyecto original, podría convocarse a sesiones el próximo mes.
Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto. Los gobernadores exigen concesiones que el Gobierno no está dispuesto a aceptar, y la oposición ha cuestionado la falta de debate legislativo en un tema tan crítico.
El decreto, herramienta clave del Ejecutivo
Ante la falta de consenso, el decreto 1131/2024 se consolida como una herramienta central para la administración de los recursos del Estado. Esta medida permite al Ejecutivo extender el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, el último aprobado antes de la gestión libertaria, y delega en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” las previsiones presupuestarias según las condiciones económicas.
Esta discrecionalidad en la asignación de recursos podría aumentar las tensiones con las provincias y generar cuestionamientos por parte de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que observa de cerca los compromisos fiscales de la Argentina.
Un equilibrio fiscal en la cuerda floja
La prórroga del presupuesto refleja las limitaciones y desafíos que enfrenta la gestión de Javier Milei en su intento por reordenar la economía bajo estrictas reglas fiscales. La falta de un acuerdo político para aprobar un nuevo presupuesto no solo pone en evidencia las tensiones internas, sino que también aumenta la incertidumbre sobre el manejo de los recursos en 2025.
A medida que las provincias intensifican sus demandas y los márgenes de maniobra del Ejecutivo se reducen, el Gobierno deberá encontrar un delicado equilibrio entre mantener su premisa de déficit cero y responder a las necesidades de las jurisdicciones subnacionales.
Con febrero como una posible ventana para el debate, la incógnita sobre el futuro del presupuesto 2025 persiste. Mientras tanto, la prórroga por decreto sigue siendo el recurso de última instancia para garantizar el funcionamiento del Estado en un contexto de alta presión fiscal y política.
