Javier Milei: La causa $LIBRA pasa al juzgado de María Servini
La Cámara Federal de San Martín resolvió este jueves que la causa judicial contra Javier Milei, vinculada al escándalo de la criptomoneda $LIBRA quede en manos de la jueza federal porteña María Servini, y ordenó a su par de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, remitir el expediente completo a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La decisión se tomó tras hacer lugar a un planteo del Ministerio Público Fiscal, que pidió declinar la competencia territorial en favor de la jurisdicción capitalina.
Con esta resolución, se unifican dos investigaciones paralelas abiertas en distintos juzgados federales: una iniciada en San Isidro, donde se puso el foco en el lanzamiento de la criptomoneda por parte del presidente de la Nación desde la residencia oficial de Olivos; y otra en los tribunales federales de Comodoro Py, que ya venía avanzando en el análisis de posibles delitos en el desarrollo y promoción de $LIBRA, la cuestionada moneda digital impulsada por sectores vinculados al oficialismo.
El argumento de la Cámara
La decisión fue firmada por el camarista Juan Pablo Salas, quien dio la razón al fiscal federal de San Isidro, que había apelado una resolución previa de Arroyo Salgado en la que esta se declaraba competente para continuar con el caso que investiga a Javier Milei. Salas consideró que la causa debe ser absorbida por el juzgado de Servini, al entender que esa sede judicial ya había iniciado antes la investigación y se encuentra en una “mejor posición procesal e investigativa”.
“Está claro que la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que previno”, afirmó el juez en su resolución, haciendo referencia al principio jurídico por el cual debe continuar con el caso el juzgado que comenzó la investigación en primer lugar. Según el magistrado, Servini y su equipo han avanzado más en la recolección de pruebas y en el análisis del entramado detrás del fallido proyecto de moneda digital.
Además, Salas subrayó que “si de garantizar una mejor y más pronta administración de justicia se trata”, la justicia federal porteña “se encuentra en mejores condiciones” para continuar con el caso, comparado con lo sucedido en la jurisdicción de San Isidro.
Unificación de causas y foco en Comodoro Py
La resolución implica un traspaso formal de competencia, lo que significa que la jueza María Servini quedará ahora al frente de la totalidad del expediente vinculado al caso $LIBRA, una criptomoneda que generó polémica tanto por sus aspectos técnicos como por sus implicancias políticas.
La causa se originó luego de que el presidente publicara en sus redes sociales una serie de mensajes promocionando el lanzamiento de $LIBRA, desde la Quinta de Olivos, lo que motivó a la justicia de San Isidro a abrir una investigación. Sin embargo, ya existía una causa activa en Comodoro Py impulsada por denuncias de supuestas irregularidades en el financiamiento y promoción del proyecto, que ahora absorberá todos los elementos recopilados por el juzgado de Arroyo Salgado.
Qué se investiga de Javier Milei
En el marco del caso, se analizan presuntos delitos económicos, uso indebido de recursos públicos y posibles maniobras de estafa o defraudación a partir de la promoción oficial de una criptomoneda que nunca llegó a implementarse, pero que movilizó inversiones y generó fuertes repercusiones en los mercados digitales.
Los fiscales buscan determinar quiénes fueron los impulsores reales del proyecto, qué vínculos existen con funcionarios o asesores cercanos al Ejecutivo, y si se utilizaron fondos del Estado para financiar su difusión.
Con la causa unificada bajo la órbita de María Servini, se espera una aceleración del proceso investigativo y una mayor articulación entre las distintas fuerzas intervinientes, incluida la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Por lo pronto, la jueza porteña deberá revisar el expediente remitido por su par de San Isidro y definir nuevas medidas probatorias que podrían incluir citaciones a declarar, allanamientos y la revisión de comunicaciones oficiales y privadas relacionadas al caso.
