Javier Milei: fundamentos y antecedentes de la intervención federal de Buenos Aires
El presidente Javier Milei reavivó el debate sobre la intervención federal de una provincia al pedir la renuncia del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La solicitud del mandatario surge en el contexto del crimen de Kim Gómez, una niña de siete años asesinada en La Plata durante un robo, hecho que desató una fuerte discusión sobre la inseguridad en la provincia.
Milei argumentó su postura a través de un mensaje en la red social X, en el que sostuvo: “Dado que la Provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar, menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
Sin embargo, la intervención federal es un mecanismo excepcional previsto en la Constitución Nacional que exige el cumplimiento de ciertas condiciones y la aprobación del Congreso.
¿Qué es la intervención federal y en qué casos se aplica?
La intervención federal es un recurso contemplado en el artículo 6° de la Constitución Nacional. Su aplicación está restringida a tres situaciones específicas:
- Garantizar la forma republicana de gobierno.
- Repeler invasiones exteriores.
- Restablecer o sostener a las autoridades legítimas de una provincia si estas hubieran sido depuestas por sedición o por la invasión de otra provincia.
Desde la reforma constitucional de 1994, la facultad de decretar una intervención recae en el Congreso Nacional. El Presidente solo puede impulsarla en caso de que el Congreso esté en receso, pero su implementación final debe ser aprobada por el Poder Legislativo. Este mecanismo busca evitar el uso arbitrario de la medida y preservar el equilibrio federal.
El constitucionalista Miguel Ángel Ekmekdjian definió la intervención federal como un “acto complejo, de naturaleza política, emanado del Gobierno federal, por el cual se limita o suspende temporariamente y en forma coactiva la autonomía provincial”. Por su parte, Germán Bidart Campos la calificó como “el recurso extremo” dentro del sistema de garantías constitucionales.
Antecedentes de intervenciones federales en democracia
Desde el retorno de la democracia en 1983, varias provincias han sido intervenidas por el Gobierno nacional:
- Tucumán (1991): Carlos Menem desplazó al gobernador José Domato y designó a Julio César Aráoz como interventor.
- Catamarca (1991): Tras el asesinato de María Soledad Morales, se generó una crisis política que llevó a la destitución del gobernador Ramón Saadi.
- Santiago del Estero (1993): Un estallido social por la crisis económica, conocido como el “Santiagueñazo”, derivó en la intervención federal y el desplazamiento del gobernador Carlos Mujica.
- Santiago del Estero (2004): La única intervención aplicada por ley desde la reforma de 1994. El presidente Néstor Kirchner impulsó la medida ante denuncias de espionaje, abuso policial y corrupción durante la gestión de Mercedes “Nina” Aragonés de Juárez.
Históricamente, desde la sanción de la Constitución de 1853 hasta 1976, se registraron 174 intervenciones federales, lo que refleja el uso frecuente del mecanismo en el pasado. Sin embargo, la reforma constitucional de 1994 limitó explícitamente esta atribución.
La viabilidad de una intervención en Buenos Aires
El constitucionalista Daniel Sabsay sostiene que la intervención federal solo es viable si existe un riesgo comprobado para la forma republicana de gobierno, algo que hasta el momento no se ha demostrado en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, el jurista Gregorio Badeni advierte que la intervención ha sido históricamente utilizada con fines políticos, afirmando que “en más de cien oportunidades, la intervención fue dispuesta por el órgano ejecutivo para satisfacer mezquinas y transitorias pasiones políticas partidarias”. En ese sentido, subraya que “en ningún caso puede el órgano ejecutivo disponer la intervención, ni siquiera durante el receso del Congreso”.
Asimismo, la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en establecer que la intervención debe ser una decisión exclusiva del Congreso. En el caso “Orfila”, se reafirmó que el control de los plazos y alcances de la medida corresponde al Poder Legislativo.
Dado este panorama, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) necesitaría el apoyo mayoritario del Congreso para intervenir la provincia de Buenos Aires, algo que no tiene garantizado.
La respuesta de Kicillof
El gobernador Axel Kicillof manifestó su disposición a reunirse con Milei para abordar la crisis de seguridad, aunque criticó lo que considera una utilización política del caso Kim Gómez. “Sé que algunos usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor y ver si pueden sacar una ventaja”, afirmó.
Kicillof también apuntó contra la Justicia, señalando que el principal sospechoso del homicidio de la niña había sido liberado previamente: “Yo no nombro jueces, ni pongo preso a nadie ni hago las leyes. Ya lo habíamos apresado en febrero y lo liberaron. Es un caso para discutir la aplicación de la ley”.
En este contexto, la posibilidad de una intervención federal a Buenos Aires parece poco viable sin pruebas concretas de una alteración del orden republicano, lo que llevaría el debate al ámbito legislativo y judicial en caso de que el oficialismo decidiera avanzar con el pedido.
