Javier Milei impulsa una fusión entre el INTA y el INTI para este 2025
El gobierno de Javier Milei acelera su plan de reestructuración del Estado con un nuevo paso que promete generar controversia: la inminente fusión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Según confirmaron fuentes oficiales, el Ejecutivo prepara un decreto que dará marco a esta decisión, que forma parte de un paquete más amplio de medidas para reducir, transformar y centralizar organismos públicos.
Los planes de Javier Milei para el INTA y el INTI
Esta iniciativa, impulsada directamente por el presidente Milei y coordinada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, busca avanzar hacia un modelo de Estado más compacto y eficiente. Bajo el nombre de proyecto “digesto”, el plan incluye la posible disolución o absorción de varios entes descentralizados, la eliminación de normativas consideradas obsoletas y una fuerte reducción de estructuras burocráticas.
Uno de los cambios en evaluación es el futuro del Instituto Nacional de Semillas (Inase), que podría ser absorbido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) o, en su defecto, por la Secretaría de Agricultura. Si bien el Inase ya depende de esta última, la opción de integrarlo al Senasa gana fuerza en los despachos oficiales. El Senasa, que dirige Pablo Cortese, ha quedado fuera de las fusiones por ahora, dado su rol clave en garantizar estándares sanitarios exigidos por los mercados internacionales.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) también está en la mira, aunque sin definiciones concretas hasta el momento. Según trascendió, podría seguir el mismo camino que el Inase y quedar bajo el ala del Senasa, en un contexto de revisión integral de los organismos del Estado.
En paralelo, el Senasa ha atravesado su propia transformación en los últimos meses: su plantilla se redujo de 7.000 a 5.000 agentes, principalmente por retiros voluntarios. Sin embargo, se avanzó en la modernización de procedimientos y reformas internas.
La posible fusión del INTI y el INTA genera divisiones dentro del propio Gobierno. Si bien hay un proyecto formal en marcha, existen voces que advierten sobre el impacto negativo que una medida de este tipo podría tener en el sector agropecuario. Específicamente, se teme que esta decisión genere tensiones con un sector clave para la economía, especialmente en plena campaña de cosecha gruesa y con el Gobierno necesitando divisas provenientes de las exportaciones agrícolas.
Una de las principales trabas para intervenir directamente en el INTA es su estructura institucional. Este organismo cuenta con un Consejo Directivo compuesto en un 50% por representantes de entidades de la Mesa de Enlace, además de miembros de organizaciones como CREA y facultades universitarias. Este esquema limita el margen de maniobra del Gobierno.
Aun así, el INTA ya viene atravesando una reestructuración. La semana pasada, su Consejo Directivo aprobó la creación de una nueva Secretaría de Coordinación Técnica que absorberá funciones clave de la Dirección General de Administración. También se lanzó una nueva propuesta de retiro voluntario, y se definieron recortes en la estructura: una reducción del 70% de las direcciones y del 20% en las gerencias. Además, se evalúa reformular centros regionales y el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Ciapaf).
Cabe destacar que, si bien ambos organismos se enfocan en el desarrollo tecnológico, tienen competencias distintas. El INTA trabaja con fuerte presencia territorial en el sector agropecuario, promoviendo la sostenibilidad y la productividad. El INTI, en cambio, tiene un perfil más industrial, con foco en certificaciones, calidad y asistencia técnica. Desde el Gobierno reconocen que el INTA cuenta con equipos técnicos de alta calidad, mientras que el INTI arrastra problemas estructurales y mayor riesgo de conflictividad interna.
En este contexto, el debate sobre la fusión genera tensión entre quienes promueven una reforma profunda del Estado y aquellos que alertan sobre el riesgo de debilitar áreas estratégicas. La gran incógnita que persiste es quién estará al frente de la compleja tarea de integrar dos organismos con misiones y culturas institucionales tan diferentes.
