Javier Milei pasó inscripciones pendientes de comunidades indígenas a las provincias
En una medida que ha generado reacciones diversas, el gobierno de Javier Milei decidió suspender el proceso de inscripciones de comunidades indígenas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y transferir la responsabilidad de esta tarea a las provincias. La resolución fue emitida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo titular, Claudio Avruj, oficializó la normativa a través del Boletín Oficial.
Este movimiento, que implica la abrogación de la Resolución 4811/96 —creada durante el gobierno de Carlos Menem—, marca un giro respecto al rol del Estado en la formalización de comunidades indígenas. En la década de 1990, la mencionada resolución permitió la creación del RENACI para cumplir con la Ley 23.302 de 1985, que reconocía los derechos de los pueblos originarios y su participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación.
Sin embargo, el proceso de inscripción ha sido largo y accidentado, tomando impulso recién con los gobiernos kirchneristas, pero aún incompleto tras casi 30 años. De acuerdo con la nueva normativa del INAI, las inscripciones pendientes quedan suspendidas, y se invita a las provincias a asumir la tarea de homogeneizar criterios para el reconocimiento legal de las comunidades indígenas.
Transferencia de responsabilidad a las provincias
El artículo 3 de la nueva resolución plantea un esquema de acuerdos entre el INAI y las provincias para unificar criterios sobre la inscripción de comunidades indígenas y la transferencia de personerías jurídicas. De esta forma, el gobierno de Milei parece inclinarse por una descentralización de la responsabilidad, dejando a las provincias que lo soliciten la gestión del registro de comunidades indígenas.
Este enfoque fue respaldado por los recientes convenios firmados por Avruj con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Misiones, Hugo Passalacqua, cuyo objetivo es coordinar el proceso de inscripción en cada territorio.
Implicaciones para el sector agropecuario
La decisión de suspender las inscripciones nacionales y trasladarlas a las provincias tiene repercusiones directas sobre el sector agropecuario. Durante años, el registro en el RENACI ha sido un paso crucial para las comunidades indígenas que reclamaban tierras que históricamente habían ocupado. Estos reclamos han generado conflictos territoriales con productores rurales que se afincaron en esas tierras con posterioridad.
Organizaciones como el Foro de Seguridad Rural Argentino han criticado la facilidad con la que, en los últimos años, algunas comunidades indígenas lograron la usurpación de tierras bajo este régimen. Desde 2006, tras la sanción de la Ley de Emergencia Territorial impulsada por Néstor Kirchner, se realizó un censo de los territorios reclamados, que se ha extendido hasta la actualidad. Según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), el número de comunidades registradas pasó de 950 en 2006 a más de 1.700 en 2023, y las tierras en disputa alcanzan los 12 millones de hectáreas.
El enfoque del gobierno de Javier Milei
La medida tomada por la actual gestión parece destinada a aliviar la presión del gobierno nacional respecto a los complejos conflictos territoriales entre comunidades indígenas y productores rurales. Según el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, tanto la Nación como las provincias tienen competencia para reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y su personería jurídica. El gobierno de Milei argumenta que las provincias están en mejores condiciones para conocer las necesidades y conflictos en sus respectivas jurisdicciones.
Impacto y reacciones
La decisión de transferir la responsabilidad del registro de comunidades indígenas a las provincias genera interrogantes sobre cómo afectará los derechos de los pueblos originarios y las demandas territoriales. Por un lado, la medida podría contribuir a una mayor eficiencia en el proceso, al adaptarlo a las particularidades locales. Por otro lado, podría fragmentar la política nacional indígena y dejar a las comunidades más vulnerables a decisiones políticas provinciales.
Asimismo, productores agropecuarios ven con buenos ojos la decisión, ya que podría reducir la incidencia de reclamos territoriales que, en los últimos años, han escalado en varias regiones del país. Sin embargo, organizaciones indígenas y de derechos humanos podrían expresar su preocupación ante un posible desmantelamiento de un sistema de reconocimiento que llevaba décadas en construcción.
Hacia un Consejo Federal de Comunidades Indígenas
Como parte de esta reestructuración, el INAI creó recientemente el Consejo Federal de Políticas Indígenas, un organismo destinado a facilitar el diálogo entre provincias y gobierno nacional, con el fin de coordinar la implementación de políticas activas en favor de las comunidades indígenas. La creación de este consejo refuerza el enfoque federal de la gestión de Milei, buscando descentralizar la toma de decisiones y transferir responsabilidades a las provincias.
La suspensión de las inscripciones pendientes de comunidades indígenas y la transferencia de esta tarea a las provincias marcan un punto de inflexión en la política de reconocimiento de pueblos originarios en Argentina. Esta medida, enmarcada en la visión de un Estado más eficiente y descentralizado, plantea desafíos tanto para las comunidades indígenas como para el sector agropecuario. Mientras que algunos verán en esta medida una oportunidad para resolver conflictos territoriales, otros temen que se comprometan los derechos de los pueblos originarios reconocidos por la Constitución Nacional.
