Inmobiliario Rural: Buenos Aires anuncia beneficios para el agro tras las disputas de 2024
Luego de un 2024 marcado por fuertes tensiones por el inmobiliario rural entre el sector agropecuario y el Gobierno de Buenos Aires debido a los incrementos en el Impuesto, la administración provincial decidió aplicar una serie de beneficios para los productores. En un encuentro con diversas organizaciones agropecuarias, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, comunicó las medidas adoptadas por la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) para aliviar la carga fiscal del sector.
Uno de los principales anuncios es que la primera cuota del Impuesto Inmobiliario Rural de 2025 mantendrá el mismo valor nominal que la primera cuota de 2024. Esta medida representa, en términos reales, una reducción significativa del tributo si se tiene en cuenta la inflación acumulada en el último año. Según el comunicado oficial del Ministerio de Desarrollo Agrario, el monto a pagar el próximo 8 de abril será incluso inferior al de la última cuota abonada en 2024.
Más descuentos en el Inmobiliario Rural
Además de congelar el valor de la primera cuota, la provincia dispuso otros beneficios fiscales. Aquellos productores que opten por abonar el tributo de manera anual antes del 8 de abril podrán acceder a un descuento de hasta el 15%. Este beneficio se compone de un 10% por pago anticipado y un 5% adicional para contribuyentes con un historial de cumplimiento tributario sin irregularidades.
Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario destacaron que esta medida busca fomentar el cumplimiento fiscal mediante incentivos, en lugar de sanciones o aumentos impositivos. Por su parte, ARBA explicó que la estabilidad de los valores nominales responde a una estrategia de reducción progresiva de impuestos, con especial énfasis en los productores con menor valuación fiscal.
Javier Rodríguez resaltó la importancia de estas decisiones, asegurando que “este esfuerzo fiscal de la provincia tiene como objetivo acompañar a los productores agropecuarios, que son un pilar fundamental de la economía bonaerense y nacional”. Asimismo, mencionó que estas acciones se suman a otros programas de apoyo al sector, como Caminos Rurales, Prevención de Venéreas y diversas líneas de financiamiento.
Durante el encuentro donde se anunciaron estos beneficios, participaron representantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), quienes valoraron positivamente el gesto del gobierno provincial, aunque continuarán monitoreando la evolución de la carga fiscal.
En paralelo a estas novedades fiscales, ARBA informó sobre un reciente fallo judicial que desestimó un amparo presentado por productores rurales en busca de un recálculo del Impuesto Inmobiliario Rural 2024. La sentencia del Juzgado Civil y Comercial N° 4 de Azul rechazó el pedido al considerar que la acción de amparo no era el mecanismo adecuado para impugnar el tributo. En su decisión, el tribunal reafirmó la legalidad del esquema impositivo implementado por la provincia y descartó los argumentos sobre una posible confiscatoriedad del impuesto.
A raíz de este fallo, el director de ARBA, Cristian Girard, criticó a sectores de la oposición que promovieron la “rebelión fiscal”. En particular, apuntó contra el diputado José Luis Espert y dirigentes del PRO, acusándolos de haber utilizado el tema con fines políticos y de haber generado perjuicios económicos a los productores que se sumaron a la medida de protesta. “Finalmente, la Justicia ratificó que no hubo ilegalidad en la determinación del impuesto y desestimó el reclamo”, afirmó Girard.
Asimismo, el titular de ARBA destacó la implementación de la nueva modalidad de pago anual con descuento y aseguró que esta estrategia forma parte de un plan más amplio para garantizar la equidad fiscal en la provincia. “Nuestro objetivo es simplificar trámites, facilitar el pago de tributos y generar recursos genuinos que se destinen al desarrollo de la provincia”, concluyó.
Las medidas anunciadas por el gobierno de Buenos Aires buscan aliviar la presión tributaria sobre el sector agropecuario y mejorar el cumplimiento impositivo mediante incentivos. Sin embargo, el conflicto por la carga fiscal en el campo no está completamente resuelto, y la relación entre el Ejecutivo provincial y los productores continuará siendo un tema clave en la agenda política y económica de 2025. A medida que avance el año, quedará por verse si estas medidas resultan suficientes para recomponer el vínculo entre ambas partes o si serán necesarias nuevas revisiones fiscales.
