Importación y exportación de alimentos: el Gobierno y una “revolucionaria desregulación”
El Gobierno de Javier Milei anunció una transformación significativa en el comercio de alimentos mediante el Decreto 35/25, publicado en el Boletín Oficial. La normativa, calificada como una “revolución en la desregulación alimentaria” por el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, busca facilitar tanto la importación como la exportación de alimentos, eliminando requisitos burocráticos y reduciendo la intervención estatal.
El ministro Sturzenegger resumió el alcance de esta nueva política: “Buscamos alimentos más baratos para los argentinos y más alimentos argentinos para el mundo”. En términos prácticos, el decreto elimina restricciones y trámites considerados innecesarios, permitiendo que alimentos de países con altos estándares de vigilancia ingresen al país automáticamente, mientras que las exportaciones quedan liberadas de requisitos adicionales por parte del Estado.
“La documentación y controles duplicados generaban costos y demoras que afectaban la competitividad de nuestros productores. Con esta medida, el Estado deja de molestar y se pone al servicio del sector privado”, enfatizó Sturzenegger.
Cambios en la importación
Uno de los pilares del decreto es la modificación del Código Alimentario Argentino (CAA) para que alimentos importados desde países con tratados de integración sanitaria o estándares reconocidos puedan ingresar al país sin necesidad de registración o autorización previa.
Esto incluye la eliminación de controles sobre:
- Muestras de productos.
- Establecimientos y depósitos.
- Utensilios y envases.
Los productos provenientes de países que cumplan con normas internacionales, como las del Codex Alimentarius (FAO/OMS), serán incorporados automáticamente al CAA.
En materia de exportación, la normativa establece que el Estado argentino no podrá exigir requisitos adicionales a los productores que ya cumplan con las normativas del país de destino. Esto implica que las autoridades solo emitirán certificados requeridos por los mercados internacionales, eliminando trámites considerados redundantes.
Un ejemplo citado por Sturzenegger fue el caso del ajo argentino, donde los productores enfrentaban exigencias locales excesivas, como medir el tamaño de cada cabeza de ajo, para cumplir requisitos inexistentes en los mercados asiáticos.
“Es el mandato del presidente Javier Milei: sacar al Estado del medio y facilitar la producción. ¡Viva la Libertad, Carajo!”, celebró el ministro.
Justificación del decreto
En los considerandos, el decreto argumenta que la duplicación de tareas entre países exportadores e importadores genera costos innecesarios y demora los procesos. “Las normas vigentes duplicaban controles realizados por países de origen que aplican estándares superiores a los nacionales, generando cargas regulatorias redundantes”, explica el documento.
Además, se plantea que “las actividades económicas son el verdadero motor del desarrollo y la prosperidad de la Nación, por lo que merecen libertad de acción que permita su crecimiento, sin perder de vista la protección de derechos fundamentales como la salud de los ciudadanos”.
La medida ha generado opiniones divididas. Mientras el Gobierno celebra la desregulación como un impulso al desarrollo económico, algunos sectores temen que la reducción de controles pueda afectar la seguridad alimentaria y la competitividad de ciertos rubros nacionales.
No obstante, desde el Ejecutivo confían en que estas modificaciones atraerán inversiones, reducirán costos para los consumidores y abrirán nuevas oportunidades para los exportadores argentinos.
Con esta medida, el Gobierno busca consolidar su visión de un Estado reducido y eficiente, en línea con las promesas de campaña de Javier Milei. Los resultados de esta política dependerán en gran medida de cómo se implemente y de la capacidad de los sectores productivos para adaptarse a este nuevo esquema.
