El Gobierno vendió el edificio del INTA por 18,5 millones de dólares
El edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en la calle Cerviño al 3100 de la Ciudad de Buenos Aires, fue vendido por el Gobierno Nacional en una subasta que alcanzó los 18,5 millones de dólares, convirtiéndose en la operación más grande de su historia. La subasta, organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), contó con la participación de 17 oferentes y se extendió por casi dos horas.
Detalles de la subasta del INTA
La puja comenzó este lunes a las 10 de la mañana con un precio base de 6.378.968 dólares. Tras intensos intercambios entre los interesados, culminó a las 11:40 con la oferta ganadora de Brukman & Mansilla, que ofreció 18,5 millones de dólares.
La AABE, organismo encargado de administrar los bienes estatales, celebró la operación calificándola como “la subasta más grande de su historia”. En un comunicado, destacaron que esta transacción marca un hito en el plan del Gobierno de “achicar el Estado y hacer más eficiente el uso de los bienes públicos”.
Polémica y destino de los fondos
La venta del edificio no estuvo exenta de controversias, ya que la subasta fue anunciada antes de que el Consejo Directivo del INTA aprobara oficialmente la transacción. Sin embargo, la operación se concretó con el respaldo de dicho Consejo, que determinó el destino de los fondos obtenidos:
- 70% se asignará a proyectos de investigación y desarrollo del INTA.
- 30% ingresará a las arcas del Estado Nacional, alineándose con los objetivos del Gobierno de reducir el déficit fiscal.
Desde la AABE, señalaron que esta operación refuerza su compromiso de gestionar los bienes estatales de manera eficiente, generando recursos que impacten en el desarrollo del país y el bienestar de los argentinos.
La subasta forma parte de un plan más amplio de “modernización” y reorganización de los bienes del Estado, promovido por la administración de Javier Milei. Este enfoque incluye la venta de inmuebles y propiedades estatales con el objetivo de reducir el tamaño del aparato estatal. Aunque la medida fue bien recibida por algunos sectores como una estrategia para generar recursos, también enfrentó críticas de quienes consideran que se está desmantelando patrimonio público valioso sin una evaluación adecuada de su impacto a largo plazo.
Con esta operación, el Gobierno cierra 2024 con un evento histórico que genera tanto expectativas como cuestionamientos. Mientras algunos celebran la obtención de fondos millonarios destinados a la investigación y el desarrollo, otros advierten sobre la necesidad de garantizar que estas decisiones no comprometan el patrimonio estratégico del país.
Esta venta establece un precedente importante en la política de administración de bienes públicos y sienta las bases para futuros debates sobre el rol del Estado en la gestión de recursos.
