El Gobierno celebró la prórroga del reglamento antideforestación de la Unión Europa
El Gobierno argentino, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, valoró positivamente la decisión de la Comisión Europea (CE) de proponer una prórroga en la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2023/1115. Esta normativa, que busca restringir el ingreso al mercado europeo de productos que no estén “libres de deforestación”, estaba programada para implementarse a partir del 1 de enero de 2024, pero fue postergada hasta el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y hasta el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
Reacciones del Gobierno y gestiones internacionales
La decisión de la CE fue bien recibida por el sector agroindustrial y los productores argentinos, quienes habían manifestado reiteradas preocupaciones sobre los posibles efectos de esta normativa en las exportaciones nacionales de productos como la soja, las carnes y los productos forestales. La prórroga de la implementación del reglamento fue vista como un alivio para los países proveedores de materias primas, que se verían afectados por las restricciones impuestas por la Unión Europea (UE).
Desde la Secretaría de Agricultura, dirigida por Sergio Iraeta, se emitió un comunicado en el que se destacan las gestiones realizadas por Argentina ante la UE y en foros multilaterales, donde el país expuso sus preocupaciones por las consecuencias del reglamento en el comercio internacional. Según el comunicado, Argentina lideró diversas iniciativas para expresar su oposición, tanto de forma individual como en conjunto con otros países, a lo que considera una medida unilateral que podría distorsionar el comercio global.
Entre las gestiones más recientes, se mencionan la reunión del Comité Conjunto Argentina-UE en junio de 2024, la reunión del Consejo del Comercio de Mercancías de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en julio, y la Declaración Ministerial del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrada por Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, durante su encuentro en Buenos Aires el 27 de julio de 2024. Además, Argentina trabajó en coordinación con otros países afines en Bruselas, firmando notas conjuntas en 2022 y 2023.
Cuestionamientos a la normativa antideforestación
El principal argumento del Gobierno argentino se centra en la “compatibilidad del reglamento con la normativa de la OMC”. Según la Secretaría de Agricultura, el reglamento podría constituir una barrera comercial encubierta, lo que violaría los principios de comercio justo establecidos por la OMC. Asimismo, Argentina expresó su preocupación por la falta de claridad en cuanto a la implementación del reglamento, lo que generó incertidumbre entre los operadores comerciales a solo tres meses de su posible entrada en vigor.
El Gobierno subraya que, durante las últimas reuniones del CAS, se decidió reclamar una respuesta oficial a las notas enviadas a la Comisión Europea. En este sentido, Argentina continuará trabajando junto con otros países de la región para asegurar que las normativas internacionales sean compatibles con las realidades locales y no perjudiquen a los exportadores de productos agroindustriales.
El rol del Parlamento Europeo y la cooperación futura
La propuesta de prórroga del reglamento antideforestación aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo, aunque se espera que ambos organismos sigan la recomendación de la Comisión, en respuesta a los reclamos de Argentina y otros países del Mercosur. Ante esta situación, el Gobierno argentino propondrá nuevas acciones en el marco del CAS para continuar ejerciendo presión y asegurar que los intereses del sector agropecuario sean protegidos.
La Secretaría de Agricultura reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto con los productores y exportadores argentinos para abogar por normativas internacionales que favorezcan la inserción de los productos nacionales en los mercados mundiales, particularmente en un contexto de crecientes exigencias basadas en criterios ambientales y de sostenibilidad.
Para finalizar, el Gobierno anunció la implementación de un “marco voluntario” que permitirá facilitar el acceso a información pública a través de herramientas de diferenciación que ayudarán a los exportadores a cumplir con los nuevos requisitos impuestos por las normativas europeas. Esto permitirá a los productores argentinos adaptarse a las nuevas exigencias sin verse afectados de manera desproporcionada.
La prórroga de la normativa antideforestación de la UE fue vista como un respiro temporal para el sector agroexportador argentino, que deberá seguir ajustándose a las crecientes demandas internacionales en materia de sostenibilidad. El Gobierno continuará con su estrategia diplomática y comercial para defender los intereses del sector ante las crecientes regulaciones internacionales.
