El Gobierno prohibió los cargos hereditarios en el sector público
El gobierno argentino, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha promulgado el Decreto 959/2024, que establece la prohibición de los cargos hereditarios en la administración pública. Publicada en el Boletín Oficial, la medida refuerza el compromiso de garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo estatal, eliminando así privilegios que permitían a familiares de empleados fallecidos heredar sus posiciones en organismos clave, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y el Banco Nación.
La normativa y sus fundamentos
La decisión se fundamenta en principios constitucionales y de igualdad de derechos en el gobierno. En el texto del decreto, se recuerda que “la Constitución Nacional reafirma la concepción liberal de nuestra República” al consagrar en su artículo 16 que “todos los habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Esta disposición busca garantizar que el acceso a cargos públicos no dependa de vínculos familiares, sino de la capacidad y preparación de los postulantes, en sintonía con el principio de igualdad de oportunidades.
El Decreto 959/2024 declara que la idoneidad debe ser el único criterio de selección para empleos públicos, prohibiendo cualquier tipo de prerrogativa basada en el nacimiento o parentesco con empleados del Gobierno. Además, el artículo 8.º de la Ley n.º 24.185 refuerza esta postura al excluir del ámbito de negociación colectiva el principio de idoneidad, asegurando que sea un criterio inalterable.
Medidas y procedimientos
La nueva normativa contempla varias disposiciones para eliminar estas prácticas y establecer procedimientos de ingreso basados exclusivamente en mérito y transparencia en el Gobierno:
- Prohibición de cargos hereditarios: El artículo 1.º prohíbe el ingreso de familiares de empleados públicos a sus posiciones por vínculos hereditarios, independientemente de la modalidad de contratación.
- Ajustes de normativas: Los organismos públicos deberán adaptar sus reglamentaciones en un plazo de 30 días, ajustando sus prácticas de contratación al nuevo marco normativo.
- Limitación en convenios colectivos: La Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano tiene la instrucción de abstenerse de homologar convenios colectivos de trabajo que incluyan cláusulas que contradigan la exclusividad de la idoneidad como criterio de ingreso.
- Invitación a nivel subnacional: El decreto invita a provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios a implementar normativas similares para homogeneizar el acceso al empleo público en todos los niveles del Estado.
El comunicado del Ministerio de Desregulación y Transformación del Gobierno argumenta que estos cambios ponen fin a un “privilegio ilógico” que favorecía a los empleados públicos sobre el resto de la población trabajadora. Según las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, “quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad”. Adorni también remarcó que la práctica de designación hereditaria de cargos había sido eliminada por el expresidente Mauricio Macri y reestablecida bajo la administración de Alberto Fernández.
Contexto histórico y marco normativo
El decreto cita antecedentes históricos, como la prohibición de títulos nobiliarios establecida por la Asamblea del Año XIII, y el proyecto de Constitución de Juan Bautista Alberdi, cuyo artículo 17 expresaba que “no hay prerrogativas de sangre, ni de nacimiento”. La normativa también recuerda el Decreto n.º 732/18, que instruía a los organismos estatales a evitar la asignación de cargos públicos con base en parentesco. A pesar de estos precedentes, la designación hereditaria de cargos se mantuvo en instituciones como la AFIP, el Banco Central, ANSES y el Banco Nación, creando un sistema de beneficios que, según Sturzenegger, fomentaba “una casta laboral” en la administración pública del Gobierno.
La medida, además de prohibir cargos hereditarios, se alinea con la estrategia del gobierno de reducir la plantilla estatal en un 15% y promover jubilaciones anticipadas. También implementa controles para asegurar que los sindicatos no incluyan beneficios hereditarios en los convenios laborales. En palabras de Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO-Santa Fe, “si un empleado o funcionario fallece y su hijo puede optar por heredar el cargo, es un privilegio medieval”, recordando la naturaleza endogámica de la práctica.
Hacia una administración pública basada en mérito
Con esta prohibición, el gobierno de Milei reafirma su compromiso de construir una administración pública basada en la meritocracia y en criterios objetivos de selección. En un contexto donde la racionalización del gasto estatal es una prioridad, este tipo de reformas se presentan como un intento de cambiar la estructura y funcionamiento de la administración pública, impulsando un modelo más eficiente y transparente. Al eliminar los cargos hereditarios, el gobierno busca también fortalecer el principio de igualdad en el acceso a empleos, promoviendo una administración pública que refleje los valores republicanos de igualdad de oportunidades y transparencia.
Esta normativa, además de imponer un marco de igualdad, propone un cambio profundo en el sistema de empleo estatal, eliminando un privilegio de larga data y buscando establecer la meritocracia como fundamento de acceso al sector público en Argentina.
