Ganadería: la trazabilidad electrónica se posterga para 2026
El Gobierno nacional confirmó que la implementación obligatoria para la ganadería de la trazabilidad electrónica en bovinos se postergará hasta 2026, en respuesta a los reclamos del sector ganadero. La decisión fue comunicada este miércoles por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, durante una reunión con las entidades que integran la Mesa de Enlace.
El encuentro contó con la presencia de representantes de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Coninagro y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Allí, los funcionarios transmitieron la determinación oficial de postergar la medida, permitiendo así una implementación gradual y voluntaria hasta su obligatoriedad en 2026.
Lucas Magnano, presidente de Coninagro, indicó que si bien no se dieron precisiones detalladas, la decisión ya está tomada y será comunicada formalmente en los próximos días. En la misma línea, Andrea Sarnari, de la Federación Agraria, destacó que la prórroga es un hecho, pero aún restan definir los plazos exactos y las condiciones en las que se implementará la trazabilidad electrónica.
Por su parte, Carlos Castagnani, presidente de CRA, señaló que “esto le dará un respiro a muchos productores que estaban pidiendo que suceda esto”, aunque advirtió que será necesario esperar la comunicación oficial del Gobierno. Además, aclaró que aquellos productores que deseen comenzar con la implementación de la trazabilidad electrónica podrán hacerlo de manera voluntaria.
Temas clave en la agenda de la ganadería
Más allá de la postergación de la trazabilidad electrónica, la Mesa de Enlace anticipó que planteará temas fundamentales en su próxima reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, prevista para el 6 de febrero. Entre los puntos prioritarios se encuentran la reducción de retenciones, la Hidrovía y la infraestructura rural.
Desde CRA expresaron su postura respecto a los derechos de exportación, sosteniendo que “la reducción de retenciones no debe ser una medida temporal” y que el beneficio debe llegar efectivamente al productor. Asimismo, hicieron hincapié en la importancia de mejorar la infraestructura y garantizar el desarrollo del sector agropecuario como motor de la economía nacional.
Los funcionarios del Gobierno explicaron que la fecha del 30 de junio establecida previamente para la implementación de la trazabilidad electrónica respondía a “una cuestión de responsabilidad fiscal”. Sin embargo, la presión del sector productivo y la necesidad de adaptar la medida a la realidad de los productores derivaron en la postergación hasta 2026.
Con esta decisión, el Gobierno busca equilibrar las exigencias del sector ganadero con la necesidad de avanzar en la modernización y control sanitario del stock bovino. Ahora, el desafío radica en definir los plazos y mecanismos que permitan una transición ordenada y efectiva hacia la trazabilidad electrónica en los próximos años.
