Ganadería: fuerte crecimiento de la producción porcina en Argentina 2025


La industria de la ganadería porcina argentina atraviesa un momento de crecimiento inédito en términos productivos. Según datos de la Secretaría de Agricultura, la producción de carne porcina aumentó un 4% en el primer bimestre de 2025, una cifra que supera los promedios anuales de entre 2% y 3% registrados en los últimos años. Sin embargo, el entusiasmo del sector se ve empañado por el fuerte incremento de las importaciones, que ya representan el 8% de la oferta nacional y generan preocupación entre los productores locales.

Durante enero y febrero, se importaron 10.000 toneladas de carne porcina, lo que representa un aumento interanual del 280%. La mayoría de estas importaciones provienen de Brasil, aunque también se registraron envíos desde otros países. Esta situación genera tensiones dentro del mercado interno, ya que el aumento de la oferta impacta directamente en el precio del capón, que en las últimas semanas se estabilizó en torno a los 1.800 pesos por kilo, sin seguir la curva inflacionaria.

El freno en los precios se da en un contexto de baja estacional de la demanda, típica del otoño e invierno, cuando disminuye el consumo de carne fresca y embutidos. La llegada de productos importados en esta etapa del año, advierten los productores, puede profundizar la presión sobre los precios y poner en riesgo la rentabilidad de un sector que viene invirtiendo fuertemente para expandir la producción.

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El debate por la competencia y la calidad de la ganadería porcina

Desde la industria porcina señalan que no rechazan la competencia, siempre que se dé en condiciones equitativas. El problema, afirman, es que Brasil posee una estructura de costos mucho más competitiva, y produce carne porcina utilizando ractopamina, un aditivo alimentario que mejora la conversión de alimento en músculo, y que está prohibido en Argentina por cuestiones sanitarias.

“El consumidor argentino no está siendo informado sobre el origen y las condiciones de producción de la carne importada”, sostienen desde el sector, advirtiendo que esto no solo perjudica a los productores locales, sino también a los consumidores, quienes podrían estar adquiriendo productos con características que no cumplirían con las regulaciones locales.

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Más consumo, pero con dudas

El aumento en las importaciones no solo afecta a los precios sino que también modifica el perfil del consumo. Según datos oficiales, el consumo per cápita de carne porcina creció un 15% interanual, alcanzando casi 18 kilos por habitante por año. En términos generales, entre las tres principales carnes (vacuna, aviar y porcina), la oferta total en Argentina ya supera los 115 kilos por persona, una cifra que refleja el alto nivel de disponibilidad alimentaria en el país.

Esta situación pone en duda la necesidad de continuar con las importaciones, especialmente en un contexto en el que la producción nacional viene mostrando un crecimiento sostenido. Desde el sector porcino, muchos consideran que las compras externas responden más a decisiones políticas o comerciales que a una necesidad real de abastecimiento.

El peso de la carga impositiva

Otro de los puntos de conflicto entre los productores y el Gobierno es la situación impositiva del sector. Al momento de invertir, las empresas pagan un 21% de IVA, pero cuando venden sus productos, la alícuota baja al 10,5%, generando un crédito fiscal que no pueden recuperar. Este desbalance, aseguran, se convierte en un costo adicional, que impacta directamente en la competitividad y limita nuevas inversiones.

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“Ese dinero podría canalizarse fácilmente en más producción y tecnología, si se corrigiera el desfasaje impositivo”, explican referentes del sector. Sin embargo, el Gobierno aún no ha atendido estos reclamos, a pesar de haber manifestado públicamente su intención de reducir la presión fiscal sobre el aparato productivo.

En resumen, la cadena porcina argentina vive un momento de oportunidades, con más producción y mayor consumo, pero también enfrenta desafíos crecientes en términos de competencia desleal, reglas fiscales desfavorables y falta de políticas sectoriales claras. Un escenario que, si no se corrige, podría limitar el potencial de uno de los sectores agroindustriales con mayor proyección del país.