Evasión fiscal en la cadena del trigo: a industria molinera denuncia un perjuicio de $270.000 millones
La Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) publicó un informe detallado sobre la evasión fiscal en la cadena del trigo, desde su comercialización como grano hasta la venta de productos farináceos. Según el estudio, la informalidad en el sector genera pérdidas fiscales estimadas en casi $270.000 millones.
El informe destaca que la evasión fiscal no solo afecta la recaudación del Estado, sino que también genera distorsiones en el mercado, fomenta la competencia desleal y agrava la informalidad laboral, lo que repercute en el acceso a la salud y la seguridad social de los trabajadores. Además, la falta de ingresos fiscales impacta negativamente en áreas clave como educación, salud, seguridad e infraestructura.
Cifras de la evasión en la cadena del trigo
Durante 2024, la molienda de “trigo pan” alcanzó 6.248.266 toneladas, un 0,44% menos que el año anterior. Con un coeficiente de conversión de 0,75, la producción se estimó en 4,686 millones de toneladas de harina y 1,562 millones de toneladas de afrecho. Según FAIM, al menos un millón de toneladas de trigo se comercializan de manera informal, lo que deriva en ventas no declaradas de harina y afrecho.
El valor del trigo no declarado asciende a $199,4 mil millones, que al ser procesado en harina y afrecho generan un mercado informal de $285 mil millones y $34,75 mil millones, respectivamente. En total, el 13,8% de la producción de harina y afrecho se desarrolla fuera del circuito formal, según los datos de molienda de 2024.
Detalle de la evasión fiscal
El estudio estima la evasión en los siguientes tributos:
- Impuesto a las Ganancias: $10,356 mil millones, de los cuales $2,451 mil millones corresponden a la industria molinera.
- Ingresos Brutos: $6,292 mil millones, con $4,796 mil millones generados en la industria molinera.
- IVA: $5,608 mil millones, el 76,2% de ellos en la etapa industrial.
- Créditos y Débitos Bancarios: $6,230 mil millones, con un 61,6% originado en la molinería.
El impacto de la evasión en términos sociales
Para dimensionar la pérdida de recursos, FAIM la compara con gastos en políticas públicas:
- La evasión en Ingresos Brutos equivale a pagar el salario anual de 549 médicos residentes de primer año, 495 enfermeros o 438 docentes con jornada completa.
- En impuestos nacionales, la pérdida equivale a financiar durante un año 22.572 Tarjetas Alimentar para familias con dos hijos o 23.560 Asignaciones Universales por Hijo (AUH).
Evasión en la segunda industrialización del trigo
La harina producida informalmente se destina a la elaboración de panificados, galletitas y pastas. Siguiendo estimaciones del INDEC, el 83% se usa en panificación y el 17% en pastas. La evasión en esta etapa alcanza $240,5 mil millones, distribuidos de la siguiente manera:
- IVA: $102,96 mil millones
- Impuesto a las Ganancias: $68,93 mil millones
- Créditos y Débitos Bancarios: $30,51 mil millones
- Ingresos Brutos: $38,13 mil millones
Si la venta se realizara en comercios minoristas con una alícuota del 5% en Ingresos Brutos, la evasión superaría los $127,11 mil millones.
Evasión total en la cadena del trigo
Sumando todas las etapas, la evasión fiscal desde la comercialización del trigo hasta la venta de productos farináceos asciende a $269,02 mil millones. La distribución es la siguiente:
- IVA: $108,57 mil millones (40,4%)
- Impuesto a las Ganancias: $79,29 mil millones (29,5%)
- Créditos y Débitos Bancarios: $19,79 mil millones (13,7%)
- Ingresos Brutos: $44,43 mil millones (16,5%)
FAIM concluye que estas pérdidas afectan la capacidad del Estado para financiar políticas sociales y educativas. En comparación, con los recursos evadidos se podrían financiar 282.400 Tarjetas Alimentar para familias con dos hijos o 238.400 AUH durante un año.
En términos provinciales, solo en Buenos Aires la evasión en Ingresos Brutos equivale al salario de 50.600 médicos residentes o 76.130 maestros de grado.
El informe de FAIM subraya la necesidad de combatir la evasión fiscal para evitar distorsiones económicas que afectan a empresarios que cumplen con las normativas. La competencia desleal podría llevar a cierres de empresas formales y pérdida de empleos registrados, profundizando los efectos negativos sobre la economía y la sociedad argentina.
