Entre Ríos avanza con la ley de fitosanitarios
Tras años de debate y discusión, la provincia de Entre Ríos está cerca de sancionar una nueva ley de fitosanitarios que regule el uso de estos productos en la actividad agropecuaria. Este miércoles, el Senado provincial aprobó el proyecto, pero no sin modificaciones, especialmente en lo que respecta a los límites establecidos para las zonas de exclusión en las aplicaciones de fitosanitarios. El proyecto vuelve ahora a la Cámara de Diputados, donde se espera que se trate en las próximas horas.
Los aspectos claves de la ley de fitosanitarios en Entre Ríos
La nueva legislación establece espacios de exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios, con radios que varían dependiendo del tipo de aplicación. En el caso de las aplicaciones terrestres, se establecen límites de hasta 150 metros en las zonas cercanas a áreas sensibles, como las zonas habitadas. Para las aplicaciones aéreas, los radios de exclusión se extienden hasta los 200 metros. En áreas sensibles sin asentamientos de personas, estos límites se reducen a la mitad.
Una de las principales modificaciones introducidas en el Senado fue la creación de zonas de exclusión más estrictas para las aplicaciones realizadas en zonas con asentamientos humanos. En estos lugares, las aplicaciones con equipos manuales o vehículos aéreos no tripulados (drones) se permiten solo hasta 10 metros del límite del área sensible. Para las aplicaciones terrestres, la zona de exclusión abarca hasta los 100 metros, y para las aplicaciones aéreas, hasta los 200 metros.
El proyecto también contempla la reglamentación del uso de drones en las aplicaciones fitosanitarias. En el caso de las escuelas rurales, los límites de exclusión se amplían. Para los drones y las aplicaciones manuales, el radio de exclusión es de 15 metros, mientras que para las aplicaciones terrestres se amplía a 150 metros, y las aplicaciones aéreas deben realizarse a una distancia mínima de 500 metros de las escuelas.
La ley, que reemplaza una legislación de más de 40 años, ha sido promovida como un paso necesario para actualizar los estándares y adaptarlos a los avances tecnológicos en la producción agrícola. Casiano Otaegui, senador por Gualeguay, destacó la labor de las comisiones y el trabajo conjunto que permitió la aprobación del proyecto. “Este compromiso y esa predisposición permitió un proceso bien amplio”, afirmó. Otaegui subrayó que la ley tiene como objetivo equilibrar la salud, el ambiente y la producción agropecuaria, con la intención de garantizar la calidad de los alimentos producidos en la provincia.
Por su parte, el senador Hernán Méndez, representante del departamento Islas, agregó que la ley busca proteger tanto la salud de la población como el medio ambiente, sin comprometer la productividad agrícola. “Tenemos casos agudos de enfermedades, pero del seguimiento y su potencial cronicidad, no hay registros”, señaló Méndez, quien destacó la trazabilidad de los productos fitosanitarios, desde su compra hasta su disposición final, como un aspecto clave para asegurar el control sobre su uso y minimizar los riesgos.
El proyecto de ley ha generado intensos debates, principalmente en torno a los límites de las zonas de exclusión, que han sido modificados a lo largo del proceso legislativo. La desconfianza de algunos sectores, como los productores agropecuarios, radica en el temor a que las restricciones puedan afectar la eficiencia de las aplicaciones y, por ende, la productividad agrícola. Sin embargo, para los defensores de la ley, la prioridad es garantizar un uso responsable de los fitosanitarios y proteger tanto la salud de los habitantes como el medio ambiente.
Con la aprobación en el Senado, la ley de fitosanitarios se encamina a convertirse en una herramienta clave para la regulación del uso de productos agroquímicos en la provincia. Ahora, el proyecto volverá a Diputados, donde se espera que se realicen nuevos ajustes antes de su sanción definitiva. Mientras tanto, el debate sobre cómo equilibrar la producción agropecuaria con la protección del medio ambiente y la salud pública continúa siendo uno de los temas más relevantes en la agenda política de Entre Ríos.
