Desburocratización en agricultura: Luis Caputo eliminó 19 normativas
El Ministerio de Economía argentino puso el foco en la agricultura y, a través de la resolución 1129/2024, anunció la eliminación de 19 normas vigentes en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esta decisión responde a un esfuerzo por desburocratizar las actividades del sector agrícola, ganadero y pesquero, simplificando procesos para productores, exportadores e importadores, y minimizando las intervenciones regulatorias.
Una Política de Simplificación en Agricultura
La resolución, firmada por el ministro Luis Caputo, da continuidad a una serie de medidas que apuntan a reducir la carga administrativa y eliminar normativas consideradas innecesarias o desactualizadas, principalmente aquellas implementadas entre 2020 y 2023. La desregulación incluye normativas promovidas bajo los mandatos de los exministros Luis Basterra, Julián Domínguez y Juan José Bahillo durante el gobierno de Alberto Fernández.
Entre los cambios más destacados se encuentran:
- Fin de la Declaración Jurada para Exportar Carne (DJEC): En 2021, el gobierno implementó la obligación de registrar declaraciones juradas para exportar carne con el fin de controlar los precios internos y regular la oferta. Esta medida, contemplada en la Resolución Conjunta Nº 3, generó críticas por dificultar el acceso de los productores al mercado de exportación. Con su eliminación, el sector espera una flexibilización en las exportaciones, lo que podría tener efectos en la oferta local y en los precios del mercado.
- Eliminación del Fideicomiso Aceitero: Este fideicomiso, promovido en el marco de políticas que buscaban asegurar el abastecimiento local a precios controlados, exigía a las agroexportadoras vender aceite de girasol a un precio reducido en el mercado interno. Aunque bien intencionada, esta normativa generó controversias al establecer una intervención directa en los precios de un bien de consumo esencial, afectando la dinámica del mercado. Su eliminación busca reducir la intervención estatal en la comercialización de aceites.
- Disolución de la Unidad de Perspectiva de Género: La resolución también revoca la normativa que en 2020 estableció la Unidad de Transversalización de Perspectiva de Género. Esta unidad tenía como objetivo promover políticas inclusivas en el sector agropecuario y buscar la igualdad de género en diversas áreas del ámbito agrícola. Sin embargo, desde su implementación, su impacto práctico fue limitado y no logró ejecutar programas efectivos en esta dirección.
- Iniciativa de Producción de 200 Millones de Toneladas de Cereales: Otra de las normativas derogadas es la Resolución Nº 216 de 2020, que promovía la “Iniciativa 200 millones de toneladas”, un objetivo de aumento de producción de granos que, sin embargo, quedó en una mera declaración sin programas concretos para su implementación.
- Programas de Compensación a Productores: También fueron eliminadas las regulaciones que crearon el Programa Lanar, destinado a compensar a los productores ovinos de la Patagonia, y la compensación para productores aviares por el impacto de la política del “dólar soja”. Ambos programas buscaban ayudar a productores específicos que enfrentaron aumentos de costos debido a fluctuaciones en la política cambiaria y en los precios de insumos.
Objetivo: Desburocratización y Simplificación
El Gobierno argumenta que esta decisión es parte de un proceso de desburocratización necesario para mejorar la eficiencia y reducir la intervención estatal. En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Economía destaca que esta iniciativa pretende “alinear las políticas de regulación de las actividades vinculadas a la agricultura, ganadería y pesca” en un esfuerzo por “proceder a una verdadera desburocratización y simplificación de los procesos”.
Para el sector agrícola, ganadero y pesquero, la eliminación de estas normativas representa la oportunidad de operar con mayor libertad y menos trabas administrativas, lo que podría dinamizar tanto la producción como el comercio exterior. No obstante, esta flexibilización también plantea desafíos, como la posibilidad de fluctuaciones de precios en el mercado interno de productos básicos, especialmente en el caso de la carne y el aceite, sectores que hasta ahora estaban regulados para asegurar el acceso a precios accesibles en el mercado local.
El Debate en el Sector y el Camino hacia una Nueva Política Agropecuaria
La medida de desburocratización, aunque bien recibida por algunos sectores que ven una oportunidad para la expansión y la reducción de costos, también generó preocupaciones en torno a los efectos que podría tener en la estabilidad de precios internos. La eliminación de los controles a las exportaciones de carne, por ejemplo, fue una solicitud recurrente de las entidades del agro que argumentan que la regulación afectaba su competitividad y desalentaba la inversión en el sector. Sin embargo, esta decisión podría influir en el abastecimiento interno y en los precios de productos clave en el consumo doméstico.
Asimismo, la eliminación de la Unidad de Perspectiva de Género ¿despertó críticas desde sectores que promueven políticas inclusivas, argumentando que la medida es un retroceso en la lucha por la igualdad en el sector rural. La falta de resultados concretos de esta unidad se ¿mencionó como un argumento para su disolución, aunque sigue existiendo la demanda por políticas más inclusivas y de igualdad de género en el agro.
Perspectivas Futuras para la Política Agrícola en Argentina
La eliminación de estas regulaciones abre un nuevo capítulo en la política agrícola del país, en el que se espera una simplificación de los procesos y una reducción de los costos administrativos. No obstante, este proceso de desregulación deberá ser evaluado en su impacto tanto en la producción y competitividad del sector como en la estabilidad del mercado interno de alimentos. La relación entre el Estado y el agro argentino parece entrar en una fase de menor intervención, que el sector recibe con expectativas de crecimiento y mayores oportunidades comerciales.
En un contexto de presión inflacionaria y de cambios en el ámbito político, la capacidad del Gobierno para equilibrar el impulso exportador del agro y la protección del mercado interno será clave para definir el éxito de esta política de desburocratización.
