Córdoba y Santa Fe: piden declarar emergencia agropecuaria por sequías e incendios


La situación climática adversa que afecta a Córdoba y Santa Fe llevó a que ambas provincias solicitaran la declaración de emergencia agropecuaria a nivel nacional. En respuesta, la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Cneyda) recomendó al Gobierno nacional que atienda el pedido, un paso clave para implementar medidas de apoyo a los productores afectados.

Impacto de la sequía y los incendios en Santa Fe y Córdoba

Las provincias enfrentaron condiciones climáticas extremas que perjudicaron gravemente al sector agropecuario. En Santa Fe, la sequía que afecta a varios departamentos desde hace meses provocó una significativa caída en los rendimientos agrícolas. La declaración provincial de emergencia se extiende del 1 de septiembre de 2024 al 28 de febrero de 2025 y abarca a los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. Los agricultores de estas áreas vieron cómo la falta de agua complicó la producción, con pérdidas económicas que dificultan su actividad.

Por su parte, Córdoba fue afectada por intensos incendios durante agosto y septiembre, que arrasaron con zonas productivas dedicadas a la agricultura, ganadería, fruticultura, tambo y apicultura. El pedido de emergencia abarca el periodo del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025 y cubre localidades como Villa Yacanto, Villa Berna, La Calera, Ischilin, Ambul, Chancani, Villa Gutiérrez, Capilla del Monte, Corral de Piedra y Ascochinga. Los incendios no solo afectaron a los cultivos y animales, sino que también dañaron infraestructuras y dejaron consecuencias ecológicas que tomarán tiempo en revertir.

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Beneficios de la declaración de emergencia

La declaración de emergencia agropecuaria a nivel nacional tiene como objetivo aliviar la presión económica sobre los productores afectados, otorgándoles beneficios fiscales y financieros que les permitan sobrellevar las pérdidas. De acuerdo con la ley de emergencia agropecuaria, los productores declarados en emergencia o desastre pueden recibir beneficios como:

  • Exenciones impositivas temporales
  • Postergación en el pago de impuestos nacionales, como el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto a los Bienes Personales
  • Acceso a líneas de crédito preferenciales con el Banco Nación para recomponer sus actividades
  • Apoyo en la reestructuración de deudas, así como flexibilización de condiciones crediticias

Estas medidas buscan ofrecer un alivio inmediato para que los productores puedan continuar operando y restablecer sus actividades en el mediano plazo. Además, los beneficios son esenciales para amortiguar el impacto en las economías regionales, que dependen en gran medida de la producción agropecuaria.

Reunión clave y presencia de organismos nacionales

En la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios participaron representantes de diversos organismos nacionales y provinciales, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central de la República Argentina (BCRA), el Banco de la Nación Argentina (BNA), el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Estos organismos tendrán un rol importante en la implementación de las medidas de apoyo y en el monitoreo de la situación climática y económica de las zonas afectadas.

Además de evaluar la solicitud de Córdoba y Santa Fe, la Comisión subrayó la importancia de coordinar esfuerzos entre las autoridades nacionales y provinciales para garantizar una respuesta ágil y efectiva. El INTA y el SMN aportarán información técnica clave sobre la evolución del clima y su impacto en la producción agropecuaria, mientras que la AFIP y el BCRA trabajarán en la definición de las medidas impositivas y financieras correspondientes.

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El camino hacia una recuperación sostenible

La declaración de emergencia agropecuaria no solo implica alivio fiscal y financiero, sino también la adopción de estrategias para mitigar el impacto de las condiciones climáticas en el futuro. Las provincias afectadas vinieron trabajando en el fortalecimiento de sus políticas de prevención y manejo de riesgos climáticos, como la creación de cortafuegos en zonas vulnerables y el incentivo a prácticas de cultivo y manejo del suelo que mejoren la retención de agua.

A medida que el cambio climático aumenta la frecuencia y la intensidad de eventos extremos como sequías e incendios, se vuelve urgente un enfoque de adaptación que involucre a todos los niveles de gobierno y a las comunidades rurales. La adopción de tecnologías de monitoreo climático, como el uso de imágenes satelitales para identificar zonas en riesgo, y la inversión en infraestructura de riego pueden contribuir a reducir los efectos negativos en futuras temporadas productivas.

Expectativas y próximos pasos

La recomendación de Cneyda abre el camino para que el Gobierno nacional declare formalmente la emergencia agropecuaria en Córdoba y Santa Fe, habilitando los beneficios que necesita el sector agropecuario en ambas provincias. Este proceso es esencial no solo para la recuperación económica de los productores afectados, sino también para sostener el nivel de producción agrícola en el país, cuya contribución es fundamental para la economía nacional y las exportaciones.

La decisión final del Gobierno se espera en los próximos días, mientras que las autoridades provinciales, junto con las entidades agropecuarias y los organismos nacionales, seguirán de cerca la situación para implementar rápidamente los beneficios una vez que se concrete la declaración oficial.