Córdoba y Santa Fe rechazan la suba de impuestos y el agro sigue en pie de lucha
A raíz del fuerte incremento del Impuesto Inmobiliario Rural en Córdoba y Santa Fe, se intensifica el conflicto entre los productores agropecuarios y los gobiernos provinciales. Mientras el Gobierno nacional logró descomprimir las tensiones con la Mesa de Enlace tras anunciar una baja temporal en los derechos de exportación, las disputas fiscales en las provincias siguen escalando.
Reclamos en Córdoba: asamblea y pedido de transparencia
En Río Cuarto, alrededor de 400 productores se reunieron en asamblea para expresar su rechazo al aumento del impuesto inmobiliario rural. Según denunciaron, si bien el gobierno provincial había pautado un incremento del 172,5%, los cedulones emitidos reflejan aumentos de hasta el 300%.
Ante este panorama, los productores no exigen una eximición del impuesto, sino que sea “justo, razonable y con un retorno claro en infraestructura rural”. Como resultado del encuentro, se elaboró un documento que sintetiza los principales reclamos:
- Rechazo al aumento del 172,5% y solicitud de que el ajuste no supere el 118% de inflación anual del INDEC.
- Eliminación del cobro diferido en 2026 de la diferencia entre el aumento fijado por el Ejecutivo y el aprobado por la Legislatura.
- Restitución del descuento del 10% por pago de cuota única.
- Mayor eficiencia en Rentas y mayor claridad en la información sobre pagos y plazos.
- Transparencia en el uso de la recaudación y su inversión en infraestructura.
El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto (SRRC), Heraldo Moyetta, lamentó que ni el gobernador Martín Llaryora ni el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, hayan asistido a la asamblea, desaprovechando la oportunidad de dialogar con el sector.
Un productor ejemplificó el impacto del ajuste: en 2024 pagó $1,2 millones, pero este año deberá abonar $3,8 millones, lo que representa un incremento del 210%.
Santa Fe: malestar y pedidos de cambios estructurales
En Santa Fe, la situación es similar. Productores del noroeste provincial y de La Criolla expresaron su malestar en cartas dirigidas a la presidenta de Confederaciones de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), Sara Gardiol. En los documentos, cuestionaron la creciente presión fiscal y la falta de inversión en infraestructura.
Uno de los puntos más críticos es el deterioro de los caminos rurales, que impacta en la productividad y encarece los costos logísticos. Para abordar este problema, propusieron la creación de consorcios camineros administrados por los productores, sin intervención estatal.
Desde la Sociedad Rural de La Criolla, calificaron la política fiscal del gobierno santafesino como una “falta de empatía hacia el sector productivo”, recordando que la región lleva cuatro años enfrentando sequías severas y dificultades económicas. También criticaron la gestión de los recursos provinciales, señalando que el presupuesto legislativo ($66.111 millones) supera en un 50% los fondos destinados al Ministerio de Trabajo y equivale al 70% de lo asignado al Ministerio de Producción.
Con la tensión en aumento, los productores de ambas provincias continúan evaluando medidas para exigir respuestas a los gobiernos locales. Mientras tanto, el conflicto refuerza una problemática recurrente: la falta de diálogo entre el agro y los Estados provinciales en la definición de políticas tributarias.
