CIMA compra deuda de Vicentin y redefine el escenario del concurso
El grupo inversor CIMA SA adquirió la deuda de USD 447 millones que Vicentin mantenía con bancos internacionales, consolidándose como el principal acreedor del concurso preventivo que tramita desde 2020 en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe. La operación, formalizada el pasado 12 de noviembre y notificada al expediente judicial el 17 de diciembre de 2024, abre un nuevo capítulo en el prolongado proceso judicial que enfrenta la agroexportadora.
La transacción incluyó créditos verificados pertenecientes a instituciones como IFC, FMO, ING, Rabobank, MUFG, SMBC y Natixis, entre otras. Según trascendió, CIMA habría pagado cerca de USD 70 millones, lo que representa 11 centavos por cada dólar adeudado.
En un comunicado, el grupo destacó que su objetivo es contribuir a destrabar el proceso judicial, reactivar la compañía y garantizar la preservación de fuentes de trabajo. CIMA también inició diálogos con otros actores clave, incluyendo al Grupo Grassi, con miras a una eventual participación en el cramdown.
El escenario judicial: cramdown en el horizonte
El futuro de Vicentin está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que debe decidir entre homologar el plan de pagos propuesto por la empresa o habilitar un cramdown, un mecanismo que permite a terceros presentar ofertas alternativas para reestructurar la deuda o adquirir la compañía.
En este contexto, el grupo se posiciona como un actor decisivo. La firma anunció su intención de construir soluciones que beneficien a acreedores y trabajadores. Mientras tanto, el Directorio de Vicentin manifestó que, aunque la operación no modifica el proceso concursal en curso, la demora judicial está llevando a la empresa a un punto crítico.
“Reiteramos nuestro pedido a la Corte Suprema para que resuelva sin más dilaciones, permitiendo a todas las partes dar vuelta la página y asegurar la continuidad de la empresa”, afirmó la compañía.
La situación financiera de Vicentin
La agroexportadora atraviesa serias dificultades financieras, con su caja prácticamente agotada para mantener operaciones. Según el Directorio, las medidas adoptadas para mitigar el impacto en sus trabajadores serán insostenibles a largo plazo si no se resuelve el proceso judicial.
El caso se complica aún más por la queja presentada por la firma Commodities, que busca bloquear la homologación de la propuesta original y habilitar el cramdown. Sin embargo, el Procurador General recomendó a la Corte Suprema rechazar esta impugnación, alineándose con los intereses de Vicentin.
La estrategia de CIMA y el Grupo Grassi
La intervención, en colaboración con el Grupo Grassi, marca un punto de inflexión en el concurso preventivo. Ambos actores estarían trabajando en una propuesta que permita reestructurar la deuda y garantizar la continuidad operativa de la agroexportadora.
Si bien Vicentin insiste en la aprobación de su plan de pagos, la posibilidad de un cramdown podría significar un cambio radical en la propiedad y gestión de la compañía. En este caso, CIMA y otros interesados tendrían la oportunidad de adquirir los activos de la empresa y definir su futuro estratégico.
La decisión de la Corte Suprema será determinante para el futuro de Vicentin, una empresa emblemática del sector agrícola argentino. Con la intervención de CIMA y la amenaza del cramdown, el panorama se torna incierto, mientras acreedores, trabajadores y otros actores involucrados esperan una resolución que permita cerrar este capítulo y asegurar la continuidad de la empresa.
