Oficial: la caravana electrónica se posterga para 2026
El Gobierno nacional oficializó la postergación de la implementación de la caravana electrónica para la trazabilidad del ganado, fijando el inicio obligatorio para el 1 de enero de 2026. La medida fue confirmada a través de la Resolución 19/2025, luego de que el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, lo adelantara en la reunión con la Mesa de Enlace.
La decisión generó reacciones dispares en el sector agropecuario. Si bien las entidades rurales habían alcanzado un acuerdo con el Gobierno tras manifestar sus críticas, la postergación reabre el debate sobre la viabilidad de su aplicación y sus efectos en la producción ganadera.
Motivos de la postergación de la caravana electrónica
Según el texto oficial, el motivo principal de la prórroga es el incumplimiento del proveedor que ganó la licitación para proveer los dispositivos electrónicos. “El licitante comunicó formalmente su imposibilidad de cumplir con la entrega de los dispositivos en las condiciones, cantidades y plazos previstos en el pliego”, señala la resolución.
Ante este panorama y considerando la proximidad de las fechas originales para la implementación, el Gobierno decidió aplazar la medida para evitar inconvenientes en el movimiento y traslado de hacienda al momento del destete. “Razones de oportunidad, mérito y conveniencia hacen necesario modificar la fecha de implementación de la obligatoriedad en el uso de la tecnología referida”, sostiene el documento oficial.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, destacó que la prórroga no impide a los productores que deseen comenzar a utilizar la tecnología de manera voluntaria. “No se le quita el derecho al productor; aquel que quiera comenzar, por supuesto que lo puede hacer”, sostuvo el dirigente.
Por su parte, el Gobierno enfatizó que la iniciativa busca garantizar la trazabilidad individual de los animales y registrar todos sus movimientos desde el destete o el primer traslado. No obstante, la falta de garantías en el abastecimiento de los dispositivos generó la necesidad de aplazar la implementación.
La postergación genera incertidumbre en el sector, especialmente entre aquellos productores que ya habían planificado inversiones y ajustes operativos para adaptarse a la nueva normativa. Ahora, el desafío será garantizar que el nuevo plazo permita una correcta distribución de los dispositivos y una implementación ordenada y efectiva.
El Gobierno, por su parte, aseguró que seguirá trabajando con los productores y entidades del agro para ajustar los detalles técnicos y logísticos, de manera que la caravana electrónica entre en vigencia sin contratiempos en 2026.
